Ciudad de México, 10 ABR.-Las Fuerzas Armadas que llegaron a la Península de Yucatán para la construcción del Tren Maya, iniciaron un proceso de «irrupción militar» de consecuencias negativas para comunidades de la región, alerta la organización civil Cohesión Comunitaria e Innovación Social A.C. (CCIS).
El estudio “¿A qué vinieron? Militares en contexto de megaproyectos y sus implicaciones para la vida cotidiana y los Derechos Humanos», concluye que las Fuerzas Armadas no fungen únicamente como servidores públicos en la región, sino que se han «insertado» en la estructura y dinámica comunitarias, adoptando múltiples roles: patrones, clientes, contratantes, proveedores, vecinos y/o parientes.
Esa «irrupción», advierte CCIS, no solo tiene impacto en la vida cotidiana de la población, sino que pone en riesgo los derechos humanos, la seguridad y hasta las libertades en localidades como Calakmul, en Campeche, así como Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco, en Quintana Roo.
“No se están limitando a funciones de seguridad pública, de seguridad nacional, de resguardo de fronteras o instalaciones estratégicas y tampoco están solo en la construcción, supervisión, operación y administración de megaproyectos, sino que la irrupción militar propicia la vigilancia y el control de las personas y de la naturaleza”, explica Suhayla Bazbaz Kuri, fundadora y directora general de CCIS.
Aunque la militarización, entendida como asignación de distintas labores de civiles a militares, no inició en el gobierno de López Obrador, sí se aceleró en su administración, señala Bazbaz.
“El pueblo uniformado” como lo llamaba el expresidente al Ejército, recibió nuevas tareas más allá de la seguridad, por lo que la Defensa incrementó su poder y recursos económicos.
El Inventario Nacional de lo Militarizado realizado por el Programa de Política de Drogas (PPD) , México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) e Intersecta, revela que entre 2007 y 2022 se registraron 258 transferencias entre autoridades estatales e instituciones militares.
De esos convenios, el 36% (94) se dieron en el gobierno anterior, por lo que los militares incursionaron en labores como apoyo a la atención a la emergencia de Covid-19, combate al robo de hidrocarburos, vigilancia de las fronteras para el control migratorio, traslado de mercancía decomisada, administración y control de aduanas, así como entrega de medicamentos y construcción de obras públicas.
Una de las obras que el gobierno asignó a la Defensa fue el Tren Maya, que se construyó en los estados de Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Es en estas últimas dos entidades donde la organización identifica dicha «irrupción».
Parte de ese fenómeno se refleja en la construcción de nuevos cuarteles militares, expropiación de terrenos a favor de la Sedena o de Fonatur, campamentos base dentro de comunidades, presencia «desproporcionada» de militares y tránsito constante de vehículos militares en carreteras, avenidas y calles en las comunidades.
La organización también ve amenazas a la participación en asuntos públicos; a condiciones justas y favorables de trabajo; a vivir en un ambiente sano; al derecho de acceso a la información; a la libre determinación y autonomía de los pueblos, entre otros.
También generan empleo
En contraparte, derivado de las obras en el sureste, en algunas entidades como Quintana Roo se incrementó la generación de empleos.
De acuerdo con datos del Inegi, en el estado gobernado por la morenista, Mara Lezama, hubo un incremento en la Población Económicamente Activa (PEA). Pasó de 969,918 personas en el cuarto trimestre de 2023 a 975,348 en el mismo periodo (octubre-diciembre) de 2024.
No obstante, en el tercer trimestre de 2024, la actividad económica de Quintana Roo mostró un decremento de 13.7 por ciento a tasa anual.
«Este resultó del retroceso de las actividades secundarias y terciarias de 47.1 y 1%, respectivamente», reportó el Inegi el pasado 29 de enero.
Pero en Campeche, el otro estado identificado con la «irrupción», hubo una ligera reducción de la PEA, al pasar de 441,954 a 437,873 personas entre el cuatro trimestre de 2023 y el cuatro trimestre de 2024.
«En el tercer trimestre de 2024, la actividad económica de Campeche mostró un decremento anual de 10.5 por ciento. Este resultó del retroceso de las actividades secundarias y terciarias de 13.1 y 1%, respectivamente», señaló el Inegi en su reporte más reciente de la Activiad Económica Estatal (ITAEE).
¿Cuándo se van?
En el sexenio de López Obrador, las Fuerzas Armadas fueron un pilar del gobierno. El entonces titular del Ejecutivo federal rechazó que se incurriera en una militarización de la administración pública, pues los soldados solo cumplían con sus misiones.
“La mayor participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad no implica ni autoritarismo ni militarización como suelen decir del país. Por el contrario, ha quedado demostrado que la sociedad se siente más segura y protegida con el cumplimiento de esta misión por parte del Ejército; es decir, la gente percibe que el soldado es pueblo uniformado”, aseguró el 19 de febrero de 2023, día del Ejército mexicano.
Alejandro Martínez, especialista en seguridad nacional y catedrático de la Universidad La Salle, explica que en el sexenio anterior las Fuerzas Armadas fueron vistas como eficaces, sin embargo, no han estado exentas de algunas polémicas.
“Hay una eficiencia en los temas administrativos como la terminación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Aeropuerto de Tulum, la construcción de tramos en el Tren Maya, pero, por otro lado, en cuestiones esencialmente de derechos humanos», expone.
Las Fuerzas Armadas han sido por años una institución que goza de la confianza ciudadana. El 83% de los mexicanos confía en la Defensa Nacional, mientras que el 87.5% lo hace en la Marina, de acuerdo con una última encuesta del INEGI .
De acuerdo con el estudio, esa confianza no se refleja en la opinión de vecinos de las tres comunidades con «irrupción»(Calakmul, Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco), donde sus habitantes se sienten vulnerables.
De acuerdo con el estudio de CCIS, algunas personas manifestaron que la «irrupción militar» les ha hecho sentir depresión, ansiedad, frustración, enojo, desesperanza, desconsuelo, aislamiento, desconfianza, inseguridad y preocupación. Algunos habitantes incluso han optado por dejar sus comunidades.
«De ser quienes estaban a cargo de la construcción de los tramos seis y siete del Tren Maya, los militares se convirtieron en una presencia incómoda y con frecuencia se preguntan cuándo se van», se indica en el documento.
«Las personas también cuidan lo que dicen, con quién lo dicen, dónde lo dicen y cómo lo dicen. Ello se debe a la entreveración de militares con distintos roles en los diferentes ámbitos en los que transcurre el día a día, a que se sabe que hay informantes que registran y reportan lo que consideran inusual y al monitoreo de organizaciones, colectivas y defensoras y defensores».
Algunas personas, se inica, incluso compartieron a la organización que temen a que se les detenga, cuestione, vigile o criminalice por sus posturas políticas.
El riesgo de la continuidad
Con la presidenta Claudia Sheinbaum, las Fuerzas Armadas se mantendrán en tareas más allá de seguridad. Los militares participan en la construcción del tren México-Querétaro, en la construcción de los Polos del Bienestar y en la ampliación de puertos, lo que puede generar riesgos.
“Pensamos que lo que está ocurriendo en estos tres municipios de la península de Yucatán puede ser un laboratorio de lo que va a ocurrir, por ejemplo, con la construcción del tren México-Pachuca, del México-Querétaro, del Querétaro-Irapuato, del Saltillo-Nuevo León», alerta Suhayla Bazbaz.
«Todos estos son nuevos trenes que la presidenta ha anunciado que estarán a cargo de esos ingenieros militares, irrumpiendo los territorios y cambiando la estructura y la dinámica en los que se da la vida cotidiana en esos territorios”.
