Datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2025, publicados por el INEGI, revelan un rezago significativo en la resolución de asuntos agrarios en Chiapas. Durante 2024, los Tribunales Unitarios Agrarios (TUA) en el estado recibieron un total de 1,677 casos, muchos de ellos vinculados a conflictos históricos por la tenencia de la tierra.
Aunque las dos sedes en Chiapas —ubicadas en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula— lograron resolver 2,054 asuntos legales (996 y 1,058 casos respectivamente), al cierre del año aún permanecían pendientes 1,038 trámites, lo que refleja los desafíos estructurales que enfrenta la justicia agraria en la entidad.
El informe también señala que, a pesar de que Chiapas ocupó el lugar 12 a nivel nacional en número de sentencias emitidas con un total de 745, el número de atenciones al público fue de apenas 6,023, la segunda cifra más baja del país, lo cual evidencia una limitada capacidad de atención directa a la ciudadanía.
En un esfuerzo por mejorar la eficiencia del sistema, el Tribunal Superior Agrario realizó cuatro inspecciones en el estado, las cuales derivaron en 29 recomendaciones orientadas a reducir los rezagos y agilizar los procedimientos. Sin embargo, estos esfuerzos enfrentan limitaciones presupuestales. Durante 2024, los TUA en Chiapas ejercieron apenas 20.5 millones de pesos, lo que representa solo el 2.1 por ciento del presupuesto nacional destinado a estos tribunales, cifra muy por debajo de lo ejercido en entidades como el Estado de México o Guerrero, donde se asignaron 51.7 y 48 millones de pesos respectivamente.
El diagnóstico también expone una marcada disparidad de género en la estructura de estos órganos de justicia. De los cuatro cargos de magistratura en Chiapas, solo uno es ocupado por una mujer, a pesar de que ellas constituyen el 62.2 por ciento del personal administrativo. En los puestos sustantivos como secretarías y actuarios, el dominio sigue siendo masculino, replicando un patrón que se observa en todo el país.
Estos datos confirman que la justicia agraria en Chiapas no solo enfrenta una alta carga de trabajo y una limitada asignación presupuestal, sino también retos estructurales en términos de equidad y eficiencia institucional.
