Javier Domínguez
Tuxtla Gutiérrez, 11 de marzo de 2025.- Janet “N”, ex trabajadora de la Central Hidroeléctrica La Angostura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), denunció ser víctima de hostigamiento y difamación tras haber sido señalada en una acusación falsa que derivó en su despido.
A pesar de haber obtenido un fallo favorable bajo la Ley Olimpia, que sanciona la violencia digital, su agresor continúa en su puesto, mientras que ella sigue sin ser reinstalada.
Acusaciones sin pruebas
Janet ingresó a CFE en 2021 como trabajadora temporal sindicalizada. Sin embargo, en julio de 2022, Fernando Eduardo Mayer, entonces recién ascendido a empleado de base, presentó una queja ante el sindicato alegando la difusión de un supuesto “video sexual” entre Janet y su compañero de trabajo, Eduardo Orellana.
Según su testimonio, nunca fue notificada formalmente de la denuncia y solo se enteró cuando fue citada como “testigo” en una reunión sindical, donde se le señaló como responsable sin pruebas.
“Le exigí a Fernando que mostrara pruebas o que confirmara si hubo algún acto de intimidad. Nunca presentó nada, ni sus testigos. Aun así, me juzgaron sin derecho a la presunción de inocencia”, denunció.
Sanción arbitraria y despido
Ambos trabajadores fueron interrogados en instalaciones de CFE sin la presencia de abogados, a pesar de tratarse de un presunto delito federal, lo que excedía las facultades del sindicato.
Bajo presión, Janet aceptó una sanción de ocho días sin goce de sueldo. “Tenía que aceptar; soy madre soltera y necesitaba trabajar”, explicó.
Sin embargo, al reincorporarse, el superintendente Gilberto Figueroa le negó el acceso bajo el argumento de que había una “investigación en curso” por parte de la Función Pública. Desde entonces, no ha podido recuperar su empleo.
Fallo judicial ignorado
En 2023, un juez federal resolvió a favor de Janet bajo la Ley Olimpia, señalando violaciones a su derecho de defensa y la falta de pruebas en su contra. A pesar de ello, Mayer sigue laborando en CFE, mientras que Janet no ha sido reinstalada ni indemnizada.
“Gané en tribunales, pero la empresa no ha corregido nada. Esto envía un mensaje de impunidad que no debe permitirse”, concluyó.
