Ciudad de México, 21 MAY.-La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro acusó que empresas estadounidenses que venden armas son «víctimas» de organizaciones criminales que operan en México.
Al informar sobre las sanciones impuestas a Miguel Ángel de Anda Ledezma y Ricardo González Sauceda, miembros de alto rango del Cártel del Noreste, por sus implicaciones en actividades terroristas, tráfico de drogas y armas, el Departamento del Tesoro conside´ro que empresas de EU que venden armas fueron víctimas de De Anda, quien se encargaba de supervisar la adquisición de armas y municiones para el cártel.
«De Anda ha supervisado los pagos a facilitadores y testaferros en Estados Unidos y ha organizado la entrega de armas de fuego a Nuevo Laredo. Estos testaferros hicieron declaraciones falsas para obtener armas de fuego de empresas estadounidenses, que fueron víctimas de las mentiras del cártel. Algunas de las armas se han utilizado en actividades terroristas», apuntó el Departamento del Tesoro.
Sobre González Sauceda, quien era el segundo al mando del Cártel del Noreste antes de su arresto el 3 de febrero pasado por las autoridades mexicanas, el gobierno estadounidense señaló que se benefició del tráfico de armas de fuego en sus diversas actividades delictivas, incluyendo ataques a la policía y al ejército mexicano.
Con las sanciones impuestas por la Oficina de Control a ambos miembros del Cártel del Noreste, anteriormente conocido como Los Zetas, todos los bienes e intereses en bienes de Anda Ledezma y González Sauceda que se encuentren en EU, en posesión o control de ciudadanos estadounidenses, quedan bloqueados y deben reportarse a las autoridades de EU.
Además, también queda bloqueada cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, individual o colectivamente, en un 50 % o más de una o más personas bloqueadas.
Las regulaciones de la Oficina de Control generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por ciudadanos estadounidenses dentro (o en tránsito) de EU que involucren bienes o intereses en bienes de personas designadas o bloqueadas.
“Al trabajar por la eliminación total de los cárteles para volver a un Estados Unidos seguro, la administración Trump exigirá cuentas a estos terroristas por sus actividades criminales y abominables actos de violencia”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
El señalamiento de que empresas de EU son víctimas de los prestanombre que los cárteles usan para comprar armas se da en medio del reiterado llamado de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para que el gobierno de Trump detenga el tráfico de armas hacia el país.
Además, también avanzan las demandas que el Gobierno de México presentó en EU en contra de los fabricantes y tiendas de armas de dicho país.
Apenas este 4 de marzo, se realizó en la Corte Suprema de EU una audiencia como parte de la demanda presentada en una corte federal de Boston, Massachusetts.
Durante la audiencia, México sostuvo que las acciones y omisiones de estas empresas permiten que sus armas de fuego sean traficadas a nuestro país, causando violencia y sufrimiento a su población, por lo que no gozan de inmunidad a la luz de la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas de Estados Unidos.
Este litigio obtuvo amplio apoyo de diversos sectores de la población en ambos países. Legisladores, autoridades estadounidenses, académicos, activistas y organizaciones civiles presentaron a la Suprema Corte de Estados Unidos nueve escritos de “amigo de la corte” que respaldan la postura de México.
Se espera que el máximo tribunal de ese país emita su decisión a finales del segundo trimestre de este año.
