San Cristóbal de Las Casas, Chis., 26 MAR.-La utilización de las Fuerzas Armadas para trabajos relacionados con la migración es sólo una de las tareas civiles que el gobierno federal les asignó a los militares y que enmarcan el rumbo y los riesgos de la militarización en regiones como Chiapas, advierte el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).
El uso de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad pública es otra de las condiciones de la militarización, con lo cual no solo no se abordan las raíces de la inseguridad y la falta de justicia (desigualdad social, pobreza y corrupción, entre otras), sino que se apuesta por el uso de la fuerza para recuperar el control de comunidades sumidas en la violencia generada por grupos criminales.
En su informe “Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal”, el Centro Frayba dedica un capítulo a su análisis del papel que juegan las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional en el contexto social que viven los chiapanecos y de cómo la política militarista contribuyó a la erosión de los derechos civiles y políticos para otorgárselos al Ejército.
En su informe, el Centro Frayba resalta que la presencia de militares en regiones con altos índices de violencia y corrupción se traducen en:
· Desconfianza y tensión por parte de los pobladores
· Posibilidad de militarización de la sociedad, lo que se traduciría en el uso de la violencia como herramienta de control y solución de conflictos
· Corrupción de funcionarios de seguridad, denunciados en carpetas judiciales y señalados por la población de beneficiar a grupos criminales con el uso del aparato militar del gobierno.
“La política militarista del Estado mexicano representa una visión de control territorial que, aunque se venda hacia la población con objetivos de seguridad y estabilidad, los resultados han sido negativos y de débil impacto; por el contrario, los costos sociales y de violaciones a derechos humanos son muy altos, lo que la convierte en una estrategia fallida”.
Impactos de la militarización en Chiapas
El Centro Frayba resalta casos como el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) o la masacre de Wololchán para evidenciar la brutalidad de los militares en el manejo de los conflictos armados de Chiapas.
El 15 de junio de 1980 en la comunidad de Wololchán, perteneciente al municipio de Sitalá, un contingente de soldados armados con bombas lacrimógenas y armas de grueso calibre asesinaron a 12 personas, hirieron a otras 40 y provocaron el desplazamiento forzado de cientos de familias. Esto es respuesta a la toma de la finca de Wolonchán que pobladores habían realizado como reclamo por el despojo de sus tierras (28 años atrás): el 30 de mayo la policía estatal entró a la finca y asesinó a un campesino, pero dos semanas más tarde quieres llegaron fueron militares de la 31 Zona Militar para disparar contra hombres, mujeres, niñas y niños, en defensa de los intereses económicos del cacique Mario Flores, señala un reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El Centro Frayba recuerda que la militarización en Chiapas es anterior a los dos sexenios panistas, pero que se incrementó con la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia para continuar con la “guerra contra el narco” que lanzó Felipe Calderón, sin embargo:
“El gobierno de la 4T de AMLO creó su propio ejército para sentar las bases y consolidar un régimen político, autoritario para ‘gobernar’, ante un escenario caótico a partir de la cofradía donde utilizan su influencia los poderes del Estado constituidos, como el poder militar”.
Militarización, el sello de la 4T de AMLO
Sólo desde 2019 a 2024, la Secretaría de la Defensa Nacional acumuló 2 mil 284 quejas ante la CNDH por violaciones a los derechos humanos, la segunda institución con más quejas es la Guardia Nacional con mil 917 casos y la Marina con 599 expedientes abiertos.
“El proceso de militarización se afianzó como una política de Estado el 8 de septiembre de 2022, con la aprobación de una ley en el Senado que otorga a la Sedena la responsabilidad de operar y administrar a la Guardia Nacional, aunque desde su creación ésta ha estado bajo el mando de la SSPC, en la práctica ha funcionado como una extensión operativa y material de las Fuerzas Armadas”, resalta el Centro Frayba.
El papel de las Fuerzas Armadas dejó de ser sólo de carácter castrense para asumir 240 tareas adicionales como la construcción de obras civiles, administración de aduanas y operación de programas sociales.
Más tareas también implicó la recepción de más recursos públicos, logrando un incremento del 60.5 por ciento en su presupuesto, llegando a su punto más alto en 2024, cuando se les dotó de 259 mil 434 millones de pesos.
Aunado a todos estos cuestionamientos, uno de los puntos centrales del debate sobre la militarización de la Guardia Nacional se centró en si debía o no tener un mando militar, algo que pasa a segundo término cuando el 80 por ciento de sus integrantes fueron movidos de la Sedena, entonces, son militares con un nuevo uniforme.
