Por Javier Domínguez
1 de mayo de 2025 | Tuxtla Gutiérrez.- A pesar de los esfuerzos institucionales, el desplazamiento forzado en Chiapas continúa agravándose, reveló el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) en su más reciente informe titulado “Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal”.
De acuerdo con el documento, entre enero de 2023 y junio de 2024 se han registrado al menos 20 eventos de Desplazamiento Forzado Interno (DFI), afectando a unas 15 mil 780 personas provenientes de municipios como Pantelhó, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Oxchuc, Las Margaritas, Huixtán, Chenalhó, Ocosingo, La Trinitaria, Socoltenango, La Concordia, Bella Vista y Tila.
Particularmente alarmante es la situación en las regiones Frontera y Sierra, donde más de 8 mil personas han sido desplazadas por la acción directa del crimen organizado, evidenciando la magnitud de la crisis humanitaria.
“El nivel de violencia al que se ha llegado, en medio del negacionismo del sexenio anterior y el espectáculo mediático del gobierno actual, refleja el caos institucional que impera en Chiapas bajo la administración de Rutilio Escandón”, denuncia el informe.
Entre los municipios más afectados destaca Ocosingo, que concentra el 25% de los eventos de desplazamiento. La región Frontera y Sierra acumula el 30% de los casos —principalmente en Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Trinitaria, Socoltenango, La Concordia y Bella Vista—, donde el principal detonante ha sido la violencia de grupos delictivos. Por su parte, la región de Los Altos representa el 15% de los episodios, donde la presencia de grupos armados ha obligado a cientos a abandonar sus hogares.
El informe también detalla las causas de estos desplazamientos: el 35% se debe a disputas territoriales entre organizaciones criminales; otro 35% a la violencia contrainsurgente que continúa afectando a las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN); y el 30% restante a una violencia generalizada, alimentada por la proliferación de grupos armados que, en muchos casos, surgen desde las propias comunidades y utilizan estructuras locales para ejercer control social.
Todo esto ocurre a pesar de que Chiapas es uno de los tres estados del país que cuenta con un marco normativo específico para atender a personas desplazadas, a través de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno. Sin embargo, la implementación efectiva de esta legislación sigue siendo un pendiente.
