Ciudad de México, 28 AGO.-Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador hubo 1,189 casos de agresiones contra mujeres periodistas mientras realizaban su labor informativa. Esta cifra representa un aumento del 117 % con respecto al periodo de Enrique Peña Nieto, cuando se registraron 548 casos.
Así lo documentó la organización Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) en su informe “Las formas del asedio. Violencia contra mujeres periodistas en el sexenio de López Obrador”, que será presentado este jueves.
El informe detalla que las agresiones no solo aumentaron, sino que se concentraron en fechas clave, como el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y en coberturas relacionadas con protestas feministas, corrupción, elecciones y movilizaciones sociales.
Los estados con mayor número de agresiones fueron la Ciudad de México, Michoacán, Puebla, Coahuila y Jalisco, entidades que coinciden con zonas de alta conflictividad política o violencia estructural, explica la investigación coordinada por Mayra Lucía Sánchez y Ana Luisa Partida.
Al desagregar el tipo de agresiones, la principal causa es el bloqueo informativo, con 171 casos, lo que representa 14 %. Le siguen las amenazas, con 155 casos (13 %); la intimidación, con 145 casos (12 %), el descrédito de la labor o estigmatización, con 144 casos (12 %).
También hubo 111 agresiones físicas (9 %); hostigamiento, con 105 casos (8 %); 52 campañas de desprestigio (4 %); uso desproporcionado de la fuerza pública en 39 casos (3%); acoso judicial en 30 casos (2.5%). Además de vigilancia, despido injustificado, despojo de material, hackeo, censura, allanamiento, doxeo, alteración o remoción de contenidos.
Las agresiones, incluso, llegaron al feminicidio, homicidio y exilio. Si bien Artículo 19 documentó que durante la administración de López Obrador fueron asesinados 47 periodistas —44 hombres y tres mujeres—, el mismo número que en el sexenio de Peña Nieto. El informe de CIMAC revela que se trató de cinco casos de feminicidio relacionados con la labor periodística de las víctimas, es decir, dos más de los registrados por Artículo 19.
Sobre la principal causa de agresión, el bloqueo informativo, CIMAC advierte que el 46 % ha sido perpetrado por personas funcionarias públicas. “Este dato contrasta de manera contundente con el discurso oficial, que define este gobierno como ‘el más transparente de la historia’”, advierte CIMAC, organización dirigida por Lucía Lagunes.
El bloqueo informativo no solo afecta a las periodistas, sino también vulnera el derecho de la ciudadanía a estar informada; además se restringe la libertad de expresión y se debilita la rendición de cuentas en una sociedad democrática. E incluso, institucionalmente hubo otra decisión al respecto, con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
El informe advierte que si bien las agresiones también ocurren hacia los periodistas hombres, “las periodistas enfrentan una doble precariedad: la de un oficio amenazado por el poder, y la de un género históricamente silenciado. Esta combinación, además de injusta, es peligrosa. Porque lo que está en juego no es una opinión, sino el derecho de las mujeres a participar en la construcción del debate público, a narrar el país, a investigar lo que se pretende ocultar. Y, sobre todo, a no ser rotas por ello”.
Las mañaneras
Uno de los elementos clave para explicar la normalización de las agresiones fue la conferencia de prensa del expresidente López Obrador. CIMAC registró 47 ataques dirigidos a mujeres periodistas en ese espacio, de los que 40 % fueron el descrédito y estigmatización, y 13 % el bloqueo informativo.
La organización considera que el derecho de réplica en la conferencia presidencial se tradujo en “un mecanismo para agredir al periodismo crítico, algo que evidencian los ataques dirigidos a la cobertura de actos de corrupción”.
Además, el impacto es aún más grave porque se trata de un espacio encabezado por la máxima figura de poder y con una audiencia promedio de 180 mil espectadores. “Una agresión del presidente, o de la que es testigo sin intervenir, contribuye a la normalización de la violencia”.
De ahí, que, ante la impunidad o la falta de condena a estos actos, “los espectadores pueden interpretar estas conductas como aceptables, sobre todo porque AMLO era el jefe del Poder Ejecutivo y cerró su mandato con altos índices de aprobación (73 %)”, explica el informe.
Además, las mañaneras fueron replicadas por distintos gobiernos estatales y municipales, que utilizaron el mismo mecanismo hostil hacia el periodismo independiente.
“Reprodujeron la violencia, utilizando incluso los mismos patrones y formas de estigmatización del expresidente, y calificando a los periodistas críticos con términos como ‘vendidos’, ‘chayoteros’ y ‘conservadores’”.
Violaciones graves a los derechos humanos y violencia digital
Si bien hubo una reducción del 28 % en las violaciones graves a los derechos humanos en contra de mujeres periodistas en el sexenio de AMLO, hay otros matices en este rubro. Uno de ellos es que la detención arbitraria se mantiene como una constante en el actuar de las autoridades y se ubica como la principal agresión de este tipo.
También hubo casos de tortura, una forma de violencia que no se había registrado en el sexenio de Peña Nieto. Además, se documentaron atentados, donde la vida o integridad física de la periodista estuvo en peligro inminente.
En tanto, el desplazamiento forzado representa “una forma extrema de censura, ya que acalla voces críticas mediante el miedo y la ruptura de las condiciones mínimas para ejercer el periodismo”, advierte el informe.
Mientras que la violencia en el espacio digital también ha ido en aumento y se ha consolidado como uno de los principales vectores de violencia contra las periodistas. “No se trata de hechos aislados, sino de una sistematicidad que se expresa en cifras, en tendencias y, sobre todo, en silencios forzados”, dice el capítulo del estudio a cargo de la investigadora Rossana Reguillo.
En 2023 se documentaron 206 casos de agresión, con una constante alarmante: el 79 % correspondió́ a violencia psicológica, que incluye las amenazas en línea, el acoso digital y la descalificación sistemática de su trabajo como periodistas.
“Este tipo de violencia rara vez deja huellas físicas, pero su impacto es demoledor. Lo digital no solo amplifica la violencia; la hace ubicua, sostenida, anónima y viral”, afirma la investigadora.
Los estados con mayor número de agresiones fueron la Ciudad de México, Michoacán, Puebla, Coahuila y Jalisco, entidades que coinciden con zonas de alta conflictividad política o violencia estructural.
“Pero más allá́ del mapa geográfico, es el mapa semántico del insulto el que revela los mecanismos del ataque: el lenguaje no apunta al argumento, sino al descrédito, al cuerpo, al género, a la vida privada. ‘Zorra’, ‘perra’, ‘vieja loca’, ‘malcogida’, ‘chayotera’, ‘bruja’, ‘puta’: las palabras se repiten como guiones prescritos que circulan en hashtags, memes, campanas de bots y cuentas anónimas. Son más que insultos: son tecnologías del silenciamiento”.
Los agresores
La agresión expuesta en un espacio público y de poder como la conferencia presidencial derivó en el incremento de ataques de particulares. Aunque los funcionarios públicos siguen siendo los principales agresores de periodistas, la participación de civiles creció considerablemente.
Mientras en el sexenio de Peña Nieto las agresiones provenientes de particulares fue del 3 %, en el periodo de López Obrador significó 10 %, lo que significa un aumento del 675 %.
El informe también señala la preocupación por el incremento del uso del descrédito y la estigmatización hacia la labor periodística. En un tercio de los casos, las agresiones vinieron directamente de instancias institucionales, “lo que indica un uso sistemático de estas prácticas y una normalización de la violencia contra la prensa”.
