Por Stefanie Eschenbacher, Shariq Khan y Stephen Eisenhammer / Reuters
Ciudad de México, 24 de octubre.— Una empresa con sede en Houston, Ikon Midstream, ha sido señalada por su presunta participación en una red internacional de contrabando de combustible que opera junto al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), inundando el mercado mexicano con diésel de contrabando disfrazado de lubricante industrial.
El 8 de marzo, el buque petrolero Torm Agnes atracó en el puerto de Ensenada con casi 120 mil barriles de diésel. A pesar de que dicho puerto carece de infraestructura para manejar hidrocarburos inflamables, la descarga se realizó con rapidez y precisión, mediante camiones cisterna que retiraron la carga de forma continua durante la noche. Testigos confirmaron que la operación fue ejecutada por contrabandistas vinculados a un cártel.
De acuerdo con tres fuentes de seguridad mexicanas, la empresa estadounidense Ikon Midstream compró el diésel en Canadá, lo declaró falsamente como lubricante industrial y fletó el buque para entregarlo a un cliente mexicano que, según las autoridades, es una fachada del CJNG. Ni la compañía ni su director ejecutivo, Rhett Kenagy, respondieron a las solicitudes de comentario. La naviera danesa Torm, propietaria del buque, aseguró que suspendió toda relación con Ikon Midstream semanas después del incidente.
Aunque el narcotráfico sigue siendo la principal fuente de ingresos de los cárteles, el contrabando de combustible —conocido como “huachicol fiscal”— se ha convertido en la segunda actividad más lucrativa del crimen organizado, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Los grupos criminales han logrado integrarse al sector energético norteamericano, controlando rutas de transporte por camión, tren y buques, en lo que autoridades denominan una “flota oscura” similar a la utilizada en el tráfico de petróleo ruso o iraní.
Se estima que hasta un tercio del diésel y la gasolina que se consumen en México ingresa de manera ilegal, generando pérdidas superiores a los 20 mil millones de dólares anuales. El auge del contrabando ha provocado un escándalo de corrupción en la Secretaría de Marina, responsable de los puertos del país, donde ya se investigan posibles actos ilícitos.
El esquema del “huachicol fiscal” se basa en evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que grava los combustibles importados. Los contrabandistas declaran los cargamentos como otros productos exentos del impuesto, utilizando empresas fantasma, documentación falsificada y sobornos a funcionarios portuarios y aduaneros. El combustible se descarga en puertos no autorizados y se distribuye a gasolineras sin marca, fábricas y minas, donde se vende hasta 10 por ciento más barato que el combustible legal.
Los cárteles también roban directamente combustible de Pemex y lo revenden en Estados Unidos, con apoyo de importadores corruptos. Este fenómeno ha afectado incluso a empresas trasnacionales. En mayo, Shell confirmó su salida del mercado minorista mexicano debido a la dificultad de competir con los precios del combustible ilícito.
El senador texano Juan Hinojosa advirtió que su estado se ha convertido en un punto clave de operaciones sospechosas y promovió leyes para endurecer los controles sobre el transporte y almacenamiento de combustible cerca de la frontera.
La investigación de Reuters, basada en más de 50 entrevistas y documentos aduaneros, reconstruye por primera vez el trayecto completo del buque Torm Agnes, desde su embarque en Canadá hasta su descarga en México. El caso revela cómo los cárteles mexicanos han logrado infiltrarse en el comercio energético norteamericano, aprovechando vacíos legales, corrupción institucional y complicidades empresariales.
El resultado es un nuevo modelo de crimen organizado que combina narcotráfico, evasión fiscal y contrabando energético, con un impacto que amenaza tanto la seguridad nacional como la estabilidad económica del país.
