Carina García
Ciudad de México.-A partir de los procesos electorales locales en Coahuila y el Estado de México el Instituto Nacional Electoral (INE) comenzará a aplicar controles más estrictos para evitar el ingreso de dinero de procedencia ilícita o desconocida a la política y las campañas.
Con las nuevas reglas emitidas por el INE esta busca que los partidos, candidatos o promotores de nuevos institutos políticos apliquen evaluaciones de riesgo antes de recibir aportaciones y con ello podrán contar con más elementos para, en su caso, optar por rechazarlas.
Los lineamientos generales para la comprobación de aportaciones de militantes y simpatizantes durante los procesos electorales y de operación ordinaria comenzaron a tener aplicación obligatoria en diciembre y permitirán a los partidos, mediante una escala de puntajes, evaluar riesgos y tomar decisiones.
Permitirán además que los partidos o candidatos evalúen si vale la pena recibir recursos de aportantes que se nieguen a contestar el cuestionario que será obligatorio, pues eso sería indicio de posibles problemas; de proveedores que no están enlistados en el Registro Nacional de Proveedores o bien, recibir aportaciones por montos superiores a las 1,605 Unidades de Medida y Actualización (166,502 pesos) monto con el cual ya son consideradas una operación vulnerable.
¿Como funcionarán nuevas reglas?
En adelante partidos y candidatos, aspirantes a candidaturas independientes u organizaciones que busquen realizar un proceso para obtener el registro como partido político (todos son sujetos obligados) deberán aplicar un test a quienes quieran realizarles aportaciones en efectivo o en especie.
El “Cuestionario de evaluación de riesgo de aportaciones” consiste en 14 preguntas y otros tres reactivos adicionales. Cada respuesta positiva o negativa tiene una ponderación y al final se suman los puntos, lo que indicará si se trata de riesgo bajo, medio o alto, de recibir aportaciones dudosas o ilícitas.
Por ejemplo, si el aportante es una persona políticamente expuesta (PEP) por ejemplo funcionario o legislador, el riesgo es 5%; si la donación supera 10% de sus ingresos netos anuales es de 15%; si el donante es socio o accionista de alguna persona moral (empresa) es de 5% o si las aportaciones acumuladas superan los 1,605 UMAS es de 10% el valor a sumar.
Con esa escala y su sumatoria los sujetos obligados sabrán si la operación que están por realizar podría generarles posibles problemas de recibir recursos prohibidos y podrán decidir sobre ello, con conocimiento de causa.
Al INE y su Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) el cuestionario le orientará a poner más atención en determinadas operaciones y/o aportaciones o aportantes.
“(A los partidos esto) les orienta, tampoco se trata de que la autoridad asuma por ello o supla el cuidado que estos sujetos, que los partidos deben tener con la recepción de recursos, pero es un mecanismo preventivo», explicó el consejero presidente de la Comisión de Fiscalización, Jaime Rivera.
El llenado de estos formatos, recordó la consejera Dania Ravel, no eximirá al INE a ejercer sus tareas de investigación y comprobación del origen de recursos.
¿De dónde provienen los líneamientos?
Los lineamientos fueron generados por el INE por orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ya aplicarán para las campañas de los estados con elección este 2023 y buscan un mecanismo para la toma de decisiones en la recepción o no de aportaciones en dinero o en especie, con enfoque basado en riesgo.
En septiembre el Tribunal confirmó que hubo triangulación de recursos de personas morales para, a través de tres familiares del hoy gobernador de Nuevo León, Samuel García, permitir aportaciones a su campaña y a su partido, Movimiento Ciudadano, por 14 millones de pesos.
La Constitución y las leyes electorales prohíben expresamente que los partidos y candidatos reciban recursos de personas morales, empresas mexicanas de carácter mercantil, personas no identificadas, organizaciones gremiales, y sólo es posible que obtengan financiamiento privado de personas físicas y sujetas a topes, por lo que tras acreditarse la triangulación, el partido fue multado con 28 millones de pesos.
Dado que ante el TEPJF el partido MC alegó que el INE no tenía normas claras para identificar y rechazar ese tipo de aportaciones, los magistrados le concedieron parcialmente la razón y ordenaron al Instituto emitir los Lineamientos, hoy en vigor.
El SAT se excluye de revisión
En la sentencia del TEPJF que dio origen a los Lineamientos se ordenó que se formara un grupo multidisciplinario para su elaboración y en este participaron la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNByV), la Secretaría de Economía (SE), la Unidad e Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, pero el Servicio de Administración Tributaria (SAT) notificó que no estaba dentro de sus atribuciones.
Las consejeras Carla Humphrey, Claudia Zavala y Dania Ravel, criticaron que en momentos en que se busca establecer mayores controles para evitar la entrada de dinero con origen ilícito o que esté en duda su legalidad, el SAT haya decidido no coadyuvar a la generación de los Lineamientos.
“Me preocupa que desde el SAT se diga que no está dentro de sus facultades. Y es que debemos recordar que el modelo constitucional de fiscalización precisamente lo que nos lleva es a ir de la mano con otras autoridades, incluso no se nos pueden oponer secretos, eso tiene que ver con la relación interinstitucional para atender un tema tan serio como es la fiscalización de los recursos de los partidos” expuso Zavala.
Ravel también lamentó que el SAT haya declinado su participación y recordó que su labor es importante para la identificación de operaciones lícitas.
“En la actualidad, no es admisible una aportación por parte de una persona desconocida. En toda aportación se identifica a la persona que la está haciendo y todas las autoridades deberían colaborar en ello», expresó.
El objetivo, recordó, es prevenir y combatir delitos como el lavado de dinero en el financiamiento de las campañas electorales, por lo que debe haber cooperación entre las entidades gubernamentales que tienen información valiosa.
«Eso permitirá combatir lavado de dinero, evitar triangulaciones de los recursos y evitar empresas fachadas», dijo Humphrey.
