Ciudad de México, 10 SEP.-La acusación formal contra Naasón Joaquín García y otros cinco líderes de la Iglesia La Luz del Mundo generó conmoción internacional. Los cargos, que incluyen crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil, describen una red delictiva que, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, operó durante décadas y utilizó la estructura religiosa para abusar de niños, niñas y mujeres dentro de la congregación.
Las recientes detenciones y la gravedad de las penas, que en algunos casos contemplan la cadena perpetua, subrayan la magnitud de los delitos imputados y el alcance transnacional de la investigación.
La acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York junto con agencias federales estadounidenses, señala a Naasón Joaquín García, Rosa Sosa, Azalia Rangel García, Eva García de Joaquín, Joram Núñez Joaquín y Silem García Peña como integrantes de una organización criminal denominada “Empresa Joaquín LLDM”.
Según los documentos judiciales, este grupo habría utilizado su posición y los recursos de la Iglesia La Luz del Mundo para facilitar el abuso sexual sistemático de menores y mujeres, así como para cometer delitos financieros y obstruir investigaciones penales.
La acusación detalla que la red operó en Estados Unidos, México y otros países y que la producción y distribución de material de abuso sexual infantil formaba parte de sus actividades.
Condenas, prófugos e investigaciones en curso
En cuanto a la situación legal de los acusados, Naasón Joaquín García fue arrestado en Chino, California, donde se espera cumpla una condena perpetua estatal por abuso sexual de menores.
Eva García de Joaquín fue detenida hoy por la mañana en Los Ángeles y se prevé su comparecencia ante el tribunal federal en California, sin embargo, se prevé que obtenga igualmente la cadena perpetua.
En cuanto a Joram Núñez Joaquín, fue capturado hoy mismo en las afueras de Chicago y será presentado ante la justicia en Illinois y se prevé obtenga 20 años de prisión.
Rosa Sosa, Azalia Rangel García y Silem García Peña permanecen en libertad y se cree que se encuentran en México; las autoridades estadounidenses anunciaron que solicitarán su detención y extradición para que enfrenten los cargos en territorio estadounidense.
La familia se aprovechaba de la gente por medio de la fe
Las autoridades federales destacaron la gravedad de los hechos y el impacto en las víctimas. El Fiscal federal Jay Clayton afirmó que los acusados “se aprovecharon de la fe de sus seguidores para abusar de ellos” y que, al ser confrontados, recurrieron a su influencia religiosa y poder financiar para intimidar y silenciar a las víctimas.
Clayton también elogió el valor de quienes colaboraron y aseguró que la Fiscalía buscará que los responsables enfrenten la justicia.
“La acusación incluye cargos contra quienes ayudaron sistemáticamente a Naasón en la presunta explotación sexual de adolescentes y mujeres jóvenes, incluyendo la creación de fotos y vídeos de los abusos y otras conductas delictivas indescriptibles.
“Elogiamos a las víctimas que han dado un paso al frente por su extraordinario valor y su deseo de poner fin a décadas de abusos. Esta Oficina exigirá responsabilidades a Naasón y a otras personas que ayudaron en estos presuntos abusos”, añadió el fiscal federal Jay Clayton.
Por su parte, el agente especial del HSI, Ricky J. Patel, subrayó que la investigación que se extendió por varios años y contó con la colaboración de numerosas víctimas, representa el fin de un ciclo de victimización.
Además, Patel agradeció a las sobrevivientes que aportaron información clave y animó a otras personas con datos relevantes a colaborar con las autoridades. Además, el agente especial de IRS-CI, Harry T. Chavis, Jr., describió la organización como un “imperio criminal” que se ocultaba tras la fachada de la iglesia y que se dedicaba al tráfico sexual, la pornografía infantil, el trabajo forzoso y operaciones financieras ilícitas.
Modus operandi, la religión como miedo social
El modus operandi descrito en la acusación revela una estructura de poder y control basada en la manipulación de la doctrina religiosa. Los líderes de la Iglesia Luz del Mundo, según los documentos judiciales, inculcaron a los feligreses desde la infancia la idea de que la obediencia absoluta a Naasón Joaquín García era indispensable para evitar la condena eterna y la exclusión social.
Este clima de miedo y sumisión habría permitid a los acusados seleccionar y preparar a adolescentes y mujeres jóvenes para ser víctimas de abuso sexual, bajo el pretexto de actividades religiosas, además, se alega que los cómplices producían imágenes y videos de los abusos por orden de García, y que la organización recurría a la destrucción sistemática de pruebas para evadir la acción de la justicia.
La historia de la Iglesia La Luz del Mundo y la familia Joaquín está marcada por la sucesión de líderes que, según la acusación, perpetuaron el abuso. Fundada en Guadalajara, México, en 1926 por Eusebio Joaquín González “Aarón”, la iglesia pasó a manos de Samuel Joaquín Flores y posteriormente a Naasón Joaquín García.
Cada uno de los líderes, de acuerdo con EEUU, habría utilizado su posición para explotar sexualmente a miembros de la congregación, manipulando la fe y prometiendo “bendiciones” a cambio de favores sexuales.
El patrón de abuso se habría repetido a lo largo de varias generaciones, involucrando a cómplices cercanos como Rosa Sosa y Eva García de Joaquín, quienes, según la acusación, participaron activamente en la preparación y abuso de menores y mujeres jóvenes.
Los propios seguidores financiaban las actividades ilícitas por medio de diezmos y cooperaciones voluntarias
El uso de los recursos financieros de la iglesia es otro de los aspectos destacados en la investigación. Los acusados habrían desviado donaciones y diezmos de los feligreses para financiar viajes internacionales, alojamientos de lujo, la adquisición de juguetes sexuales y productos para eliminar pruebas, así como para mantener un estilo de vida opulento.
Los fondos también se habrían utilizado para facilitar el traslado de víctimas y asegurar que Naasón Joaquín García tuviera acceso constante a personas a las que abusar sexualmente.
Tras la detención de García en 2019, la organización habría intensificado las acciones de encubrimiento. Los documentos judiciales describen cómo los cómplices presionaron a las víctimas para que negaran los abusos, castigaron a quienes intentaron denunciar y destruyeron pruebas mediante la quema de documentos y la manipulación de dispositivos electrónicos.
Joram Núñez Joaquín, según la acusación, se hizo pasar por abogado para disuadir a las víctimas de acudir a las autoridades, mientras que Silem García Peña, en su rol de jefe de relaciones públicas, habría intervenido para impedir que los casos salieran a la luz.
La acusación formal incluye una tabla detallada de cargos y penas para cada acusado. Naasón Joaquín García, Rosa Sosa, Azalia Rangel García y Eva García de Joaquín enfrentan la posibilidad de cadena perpetua por conspiración de crimen organizado y tráfico sexual, con penas mínimas obligatorias de hasta 10 años en algunos cargos.
Joram Núñez Joaquín y Silem García Peña podrían recibir hasta 20 años de prisión por su participación en la conspiración. Otros cargos, como trata sexual mediante el uso de la fuerza, inducción a viajar para actividades sexuales ilegales y explotación infantil, contemplan penas que van desde 10 hasta 30 años de prisión, dependiendo de la gravedad y la participación de cada acusado.