El avance en los derechos civiles, la lucha contra la explotación infantil y la necesidad de un gobierno transparente marcan la agenda actual de Chiapas. Estas temáticas, aunque diversas, reflejan un mismo desafío: la construcción de una sociedad más justa y equitativa, donde las leyes se apliquen sin distinción y el bienestar de la ciudadanía sea una prioridad real.
Por un lado, la oficialización de 54 matrimonios entre personas del mismo sexo en el estado representa un avance significativo en la lucha por la igualdad. Este hecho es resultado de la evolución legal y social que busca garantizar los derechos de todas las personas, sin importar su orientación sexual. Sin embargo, la cifra aún es baja en comparación con otras entidades del país, lo que indica que persisten desafíos en la aceptación social y en la eliminación de barreras burocráticas. El reconocimiento legal debe ir acompañado de un compromiso por erradicar la discriminación y garantizar un entorno de respeto para estas parejas.
En otro frente, el Poder Judicial ha dado un paso firme contra la explotación infantil al sentenciar a 67 años de prisión a Yudiel “N”, responsable de este atroz delito. La sentencia envía un mensaje claro: en Chiapas no habrá tolerancia para quienes atenten contra la dignidad y seguridad de los menores. No obstante, este caso es solo una muestra de una problemática más amplia. La explotación sexual infantil sigue siendo una realidad que exige estrategias de prevención, protección y justicia más eficientes. Es fundamental que las autoridades refuercen la vigilancia y el acceso a mecanismos de denuncia para evitar que más niñas y niños sean víctimas de estos crímenes.
Por último, la demanda de transparencia y rendición de cuentas sigue presente en el debate político. El senador Luis Armando Melgar ha insistido en que el ex gobernador Rutilio Escandón rinda cuentas en la «Nueva Era» donde no hay cabida para la impunidad. La exigencia de cuentas claras es legítima y debe ser un pilar en cualquier gobierno que se precie de servir a su gente. La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se administraron los recursos públicos en el sexenio pasado. La rendición de cuentas no debe ser una concesión, sino una obligación ineludible.
Chiapas se encuentra en un momento clave para consolidar avances en derechos humanos, fortalecer la justicia y garantizar un gobierno responsable. El reto es grande, pero la exigencia ciudadana debe mantenerse firme para construir un estado más equitativo, seguro y transparente.
