Ciudad de México, 03 DIC.-Los diputados federales avalaron, con 410 votos a favor, 24 en contra y cero abstenciones, prohibir desde la Constitución la producción, distribución y adquisición de vapeadores y otras sustancias tóxicas, como el fentanilo.
La reforma modifica los artículos 4 y 5 de la Constitución Política con el fin de elevar el rango del uso de vapeadores como un delito que violenta garantías individuales de los ciudadanos mexicanos, en este caso, el acceso a la salud.
“Para garantizar el derecho de protección a la salud de las personas, quedará prohibida la producción, distribución, comercialización y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos que señale la ley”, señala la modificación al texto constitucional.
Añade “la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente, como el uso ilícito del fentanilo”.
Previo a la discusión, la Alianza Nacinoal de Pequeños Comerciantes (ANPEC) consideró como una comparación “desmedida” que los vapeadores sean equiparados con el fentanilo y solicitaron a los diputados tomar en cuenta que “todo lo que se prohibe irracionalmente termina por fortalecer el comercio ilícito, la evasión fiscal y genera un riesgo sanitario, además de que financia a cárteles de la delincuencia”.
La ANPEC se pronunció contra la prohicición al señalar que esto no cancela la demanda y por el contrario, pone el desventaja al comercio legal. Por ello, exigieron reglamentar la comercialización de vapeadores, vigilar su procedencia y garantizar que no se venda a menores.
También pidieron combatir al mercado negro y fortalecer el libre comercio. “Esperamos que actúen con responsabilidad, con base en la razón, es hora de responder a las necesidades del pueblo”, detalla el comunicado.
Sobre la prohibición o la regulación
En 2022, el expresidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para prohibir la venta de vapeadores o cigarrillos electrónicos, pero a través de diversos amparos los ciudadanos podían acceder a la compra y algunas empresas a la venta de estos productos.
Fue por eso que, en febrero pasado, cuando López Obrador presentó su paquete de 20 reformas constitucionales, una de ellas era la que reformaba la Constitución en materia de acceso a la salud.
Cuando el tema se discutió en comisiones de la Cámara de Diputados, legisladores de la oposición aseguraron que la prohibición podía generar un mercado negro de vapeadores que generara ganancias al crimen organizado.
En los artículos transitorios se menciona que el Congreso tendrá un plazo de 180 días, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, para armonizar las leyes secundarias en la materia, como la Ley General de Salud.
Además, las legislaturas estatales deben realizar las adecuaciones normativas previstas, dentro de los 365 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la reforma.
