Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 21 de enero de 2026.- La difusión en redes sociales de presuntos videos donde se observa el maltrato contra una menor reavivó el interés público en el caso de Victoria N, situación que ha generado llamados para que las autoridades competentes prioricen el interés superior de la niñez, garanticen medidas de protección y realicen una investigación exhaustiva, independientemente de la controversia legal entre sus progenitores.
De acuerdo con información difundida en la columna En la Mira, del periodista Héctor Estrada, la menor habría sido presentada ante el Ministerio Público en mayo de 2024 por presunta violencia física y psicológica, y el caso habría sido turnado a instancias especializadas; sin embargo, se señala que el proceso registró retrasos, cambios en la integración ministerial y determinaciones que habrían frenado el avance de la carpeta de investigación.
En el mismo texto periodístico se menciona que, pese a la existencia de elementos que habrían sido incorporados al expediente —incluidos registros videográficos— el asunto habría sido concluido mediante criterios institucionales que impidieron su judicialización, lo que generó cuestionamientos públicos sobre el actuar de las autoridades.
A raíz de la circulación del material audiovisual y de las versiones difundidas en el espacio de opinión, usuarios en redes sociales, así como voces públicas, han exigido que el caso sea revisado con perspectiva de derechos humanos y enfoque especializado en protección a la infancia, a fin de determinar responsabilidades y garantizar que la menor se encuentre a salvo.
El tema ha cobrado relevancia debido a que, en este tipo de casos, la legislación mexicana y los instrumentos internacionales obligan a las autoridades a privilegiar el interés superior del menor y a actuar de manera inmediata ante cualquier indicio de violencia, sin supeditar la atención del caso a disputas familiares o litigios de custodia.
Hasta el momento, no se ha emitido información pública detallada por parte de las instancias responsables sobre el estatus jurídico actual del expediente, aunque el caso continúa generando reacciones y llamados para que se realicen actuaciones transparentes y orientadas a la protección integral de la menor.
