Ciudad de México, 27 de enero de 2026.—
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el pasado 28 de diciembre en Oaxaca, y que dejó un saldo de 14 personas fallecidas y más de 100 lesionadas, fue provocado por un exceso de velocidad, descartando fallas mecánicas o de infraestructura ferroviaria.
En conferencia de prensa, la fiscal Ernestina Godoy Ramos señaló que, con base en el análisis de la caja registradora de eventos —conocida como “caja negra” de la locomotora—, se determinó que el tren circulaba a 65 kilómetros por hora, cuando el límite permitido en la curva donde ocurrió el accidente era de 50 kilómetros por hora.
“Se trató de una violación grave a las normas de operación ferroviaria, ya que el exceso de velocidad incrementa la fuerza centrífuga del tren, lo que provoca que salga de las vías, dadas sus dimensiones, peso y radio de curva”, explicó la funcionaria.
Derivado de estos hallazgos, la FGR informó que ejercerá acción penal contra el maquinista por la probable comisión de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, sin perjuicio de que las investigaciones continúen para deslindar otras posibles responsabilidades.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el presunto responsable, identificado como Felipe de Jesús “N”, fue detenido el lunes 26 de enero, a las 9:20 horas, en un domicilio ubicado en la colonia Pakalná, en el municipio de Palenque, Chiapas. Posteriormente, fue trasladado a las instalaciones de la FGR en Tuxtla Gutiérrez.
La fiscal Godoy Ramos reiteró que las inspecciones técnicas no detectaron daños previos ni deficiencias en la vía férrea, rieles, durmientes, balasto o subestructura, más allá de los ocasionados directamente por el siniestro, por lo que se descartaron fallas en la infraestructura o en el estado mecánico del tren.
No obstante, recordó que el proyecto del Tren Interoceánico ha sido objeto de observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación, relacionadas con problemas de planeación, gestión financiera, sobrecostos y presuntas irregularidades en la construcción y adquisición de materiales, aspectos que continúan bajo revisión por las autoridades competentes.
