Tonalá, Chis., 30 JUN.-El paraíso natural de Puerto Arista, una de las playas más importantes de Chiapas, se encuentra en el centro de una intensa disputa por las tierras que enfrenta a campesinos con uno de los grupos empresariales más poderosos del país como la Comercializadora Farmacéutica de Chiapas, propiedad de la familia de Paulina Castañón, exesposa de Raúl Salinas de Gortari.
La controversia gira en torno a más de 300 hectáreas ubicadas en los predios Monte Calvario I, Jardines del Edén, Nuevo Puerto Arista y El Encanto, donde 120 familias de campesinos aseguran tener más de medio siglo de posesión ininterrumpida, mientras que una empresa denominada Caliapan Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Suplementada, representada por Óscar Castañón Morel y otra conocida como Constructora Corporativa MI Solución, bajo la dirección de Óscar Castañón Pariente, ligadas, mediante dación en pago a la farmacéutica, reclamaron los terrenos mediante escrituras controvertidas y acciones judiciales que han escalado hasta operativos de desalojo con fuerza pública.
El origen del conflicto: tierras sin regularizar y una finca desaparecida
De acuerdo con los testimonios de los pobladores y con los documentos de los que la agencia AMEXI pudo constatar, el conflicto tiene raíces que se remontan al año de 1917, cuando existía la finca «El Zapotal», cuyos terrenos no fueron integrados al reparto ejidal posterior a un decreto presidencial de 1971.
Desde entonces, diversas familias se asentaron y trabajaron esas tierras en actividades agrícolas y ganaderas.
A falta de certeza jurídica para obtener sus títulos de propiedad, comenzaron un proceso de regularización por la vía onerosa en 2009 ante la entonces Secretaría de la Reforma Agraria, hoy Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Los terrenos en disputa se ubican como Monte Calvario I, Jardines del Edén, Nuevo Puerto Arista y el Esfuerzo. En 2018, el predio Monte Calvario I se declaró como terreno nacional, una figura legal que reconoce la posesión histórica de pobladores y abre paso a su venta directa.
Mientras que el predio Jardines del Edén siguió un proceso similar. Ambos fueron reconocidos como propiedad de la nación, paso previo a su enajenación legal a los poseedores, como lo establece la ley agraria.
La irrupción empresarial: escrituras de origen dudoso y un juicio de amparo
Fue en este contexto que, en 2020, Farmacias del Ahorro apareció en el caso a través de su razón social Comercializadora Farmacéutica de Chiapas, presentando una escritura pública de 2014 en la que se ostenta como propietaria de dos fracciones de la antigua finca «El Zapotal».
Dicha escritura, aseguran los comuneros, nunca estuvo reportada al Registro Agrario Nacional ni al Registro Público de la Propiedad, o que se tuviera registro durante las investigaciones realizadas por Sedatu para emitir la declaratoria de estas tierras como terreno nacional.
La empresa promovió un juicio de amparo en el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el cual alegó contra la Secretaria de Desarrollo Agrario , territorial y urbano la declaratoria de terreno nacional, sin embargo la sentencia solamente avaló la existencia de un traslape de 13 mil 399 metros cuadrados entre el predio Monte Calvario I y “El Zapotal”.
En un giro judicial polémico, la Juez concedió una sentencia de restitución, ordenando la recuperación del supuesto traslape en las tierras, aunque no se ha logrado ubicar físicamente dicha área ni se ha demostrado la existencia legal del predio “El Zapotal”.
“Ellos alteraron planos, movieron coordenadas en los documentos para que, sobre el papel, Monte Calvario I pareciera invadir sus terrenos. Pero esa fracción nunca ha existido en el terreno. Aquí existe corrupción judicial, amenazas y uso de la fuerza pública para despojarnos», remarcaron.
Adultos mayores, los afectados
En la charla, los comuneros, en su mayoría personas adultas mayores, aseguran que la farmacéutica ha utilizado su poder económico para influir en las instancias judiciales y de seguridad del estado, logrando órdenes de desalojo sin que se haya resuelto el litigio de fondo.
En mayo de 2023, fuerzas de la policía estatal, apoyadas por la Guardia Nacional y la Marina irrumpieron en la zona para ejecutar una restitución forzada, desalojando a varias familias y destruyendo viviendas rústicas con maquinaria pesada, como consta en algunos videos mostrados.
“El juez de control de Tonalá ordenó un desalojo en un terreno cuya posesión todavía se encuentra en juicio. Se violaron nuestros derechos y se criminalizó a los pobladores solo por ser pobres”, aseguraron los comuneros.
De acuerdo con una resolución ilegal, que violentó el debido proceso y los derechos humanos, del pasado 3 de junio (Control Judicial 16/2025), un Juez de Control de los Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, del Distrito Judicial de Tonalá, ordenó la restitución del inmueble “El Zapotal” a la Comercializadora Farmacéutica de Chiapas y dio vista al Fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía Distrito Istmo Costa a cumplimentar la resolución, incluso a través de la fuerza pública.
Por lo anterior, la SEDATU el pasado 12 de junio y de manera preventiva, mediante el oficio 1S.1.Oficio de la Dirección General de Terrenos Nacionales (DGTN) con número 03383.2025 textualmente le pidió al Juez de Control de Tonalá Chiapas evitar la posesión de los terrenos de Monte Calvario I, ya que estos son propiedad de la Nación.
No obstante, el 13 de junio, el propio Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tonalá emitió una resolución para que no se ejecutará la restitución del predio, hasta que se resolviera un recurso de apelación interpuesto por Amaniel Espinosa Basques, por lo que se ordenó suspender la toma de “El Zapotal” por parte del Fiscal del Ministerio Público, hecho que no se cumplió debido a que la policía chiapaneca, con el apoyo de Fuerzas Federales, ejecutaron el desalojo.
Acusan a Espinosa Basquez de despojo
Uno de los casos más emblemáticos es el de Amaniel Espinosa Basquez, representante de Monte Calvario I, estuvo encarcelado entre 2012 y 2014 por el delito de despojo y actualmente enfrenta un nuevo proceso penal por el mismo cargo, lo cual, según su defensa, viola el principio constitucional de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Los habitantes también denuncian una campaña de hostigamiento y criminalización, con denuncias penales fabricadas, amenazas directas, e intentos de coacción para que firmen la renuncia a cualquier derecho sobre las tierras.
“Nos quieren meter a la cárcel para que firmemos lo que ellos quieren. Han llegado a decirnos que nos van a quemar las casas si no nos vamos”, relataron.
El interés detrás: un megaproyecto turístico en la costa de Chiapas
Detrás del conflicto, aseguran los comuneros, se encuentra un ambicioso proyecto turístico de alto nivel, que contempla hoteles, campos de golf, y zonas de lujo, en las tierras que ocupan Monte Calvario I y Jardines del Edén y que tienen más de 7 kilómetros de frente de playa, lo que las convierte en una joya inmobiliaria codiciada en el Pacífico chiapaneco.
“Ellos no quieren esas tierras para sembrar maíz como nosotros. Quieren hacer un desarrollo turístico de lujo, en sociedad con grandes inversionistas, y a nosotros nos ven como estorbo”, afirman.
Situación jurídica actual y exigencias de los pobladores
Actualmente, el predio Monte Calvario I se encuentra en una etapa de ejecución de sentencia, en la que el juez ha pedido a la Comercializadora Farmacéutica de Chiapas que precise la ubicación exacta del traslape, sin éxito hasta el momento.
Jardines del Edén, por su parte, espera una nueva declaratoria como terreno nacional por parte de Sedatu.
Mientras tanto, los campesinos piden la intervención urgente del Gobierno Federal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Sedatu y organismos internacionales, para evitar lo que califican como un despojo institucionalizado avalado por el poder económico.
“No pedimos regalos. Solo queremos que se respete el derecho que tenemos como poseedores legítimos. Llevamos más de 15 años en un proceso legal que ahora quieren borrar con corrupción y violencia”, concluyeron.
