Por Javier Domínguez
Tuxtla Gutiérrez, 27 de octubre de 2025
Familias desplazadas del ejido Puebla, municipio de Chenalhó, protestaron este lunes frente al Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez para exigir una solución definitiva a su desplazamiento forzado y que se les otorgue un terreno donde puedan asentarse de manera permanente en San Cristóbal de Las Casas, ciudad en la que permanecen desde hace nueve años en un campamento improvisado.
Aracely Cruz López, vocera del grupo, denunció un “histórico abandono institucional” y la falta de voluntad política para atender su principal demanda: una reubicación digna, segura y definitiva.
Explicó que las 14 familias desplazadas habitan actualmente un predio en San Cristóbal de Las Casas que ya cuenta con servicios básicos como electricidad, drenaje, agua potable, educación y atención médica. Sin embargo, las autoridades han rechazado su solicitud de ser reubicadas en ese mismo lugar.
De acuerdo con Cruz López, el coordinador de asesores de la Secretaría General de Gobierno, Jorge Humberto Molina Gómez, argumentó que la Dirección de Patrimonio del Estado no puede ceder el terreno debido a que no tiene el mismo valor económico que las tierras que poseían en su comunidad y, supuestamente, para “no romper con su cultura y tradiciones indígenas”.
La vocera calificó este argumento como discriminatorio.
“Decir que no quiere romper con nuestra cultura implica que por ser indígenas no tenemos derecho a vivir en una ciudad, aún siendo víctimas de desplazamiento forzado”, sostuvo.
Recordó que el desplazamiento ocurrió tras un ataque de grupos armados que nunca fueron desarticulados.
“Nuestra cultura ya fue interrumpida desde el momento mismo del desplazamiento”, señaló.
Ante el estancamiento de las negociaciones con el gobierno estatal, las familias informaron que retomaron contacto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que desde 2017 les otorgó la medida cautelar 361/2017, con el fin de solicitar su intervención directa y acompañamiento en el caso.
