Por Javier Domínguez
11 de mayo de 2025, Tuxtla Gutiérrez.- La desaparición forzada en Chiapas no es un fenómeno aislado ni del pasado. Entre 1994 y 2023, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó 51 casos, de acuerdo con su más reciente informe titulado “Tocar el vacío”.
El Frayba sostiene que el sur de México ha sido un “laboratorio de contrainsurgencia y silencio”, donde las desapariciones ocurren en un contexto de violencia estructural, militarización y conflicto territorial.
Aunque el número oficial de casos es bajo, el informe subraya que la cifra real podría ser mucho mayor. Las comunidades indígenas, las familias desplazadas y las víctimas del narco-Estado no siempre denuncian, ya sea por miedo, desconfianza institucional o porque hacerlo implica un riesgo: “Denunciar puede significar desaparecer también”, advierte el documento.
Uno de los casos más recientes ocurrió el 22 de octubre de 2023, cuando Pedro Hernández Pérez fue desaparecido en la comunidad Emiliano Zapata, municipio de Altamirano. Según testigos, un grupo civil armado lo interceptó. Desde entonces, su familia solo puede “tocar el vacío” que dejó su ausencia.
El informe denuncia que las desapariciones siguen un patrón repetido en el estado, el cual se ha convertido en un campo de disputa entre actores estatales, grupos paramilitares y el crimen organizado.
Además, se lanza una alerta sobre la creciente militarización del territorio chiapaneco. La presencia de la Guardia Nacional y del Ejército, lejos de brindar seguridad, ha sembrado miedo en regiones como Frontera Comalapa y Chicomuselo, donde pobladores denuncian que las fuerzas armadas permiten el libre tránsito de grupos armados y, en algunos casos, participan activamente en operativos de represión y control.
Mientras tanto, los desaparecidos continúan siendo cifras sin rostro. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas apenas reconoce 218 personas desaparecidas en Chiapas entre 2006 y 2023, una cifra que el Frayba considera una “subestimación brutal”.
El informe concluye que, sin verdad, justicia ni garantías de no repetición, la desaparición forzada sigue siendo una herida abierta en Chiapas.
