Por Javier Domínguez
El abogado defensor acusa operativos ilegales y violaciones graves a derechos humanos; 18 están presos en Catazajá y 2 en Almoloya
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.– El abogado Jorge Luis Gómez Villar, con 25 años de trayectoria en la defensa de comunidades indígenas, denunció este lunes la detención arbitraria de 20 indígenas lacandones ocurrida el pasado 16 de febrero en las localidades de San Javier, Betel y Lacanjá, en plena Selva Lacandona.
En conferencia de prensa, el defensor criticó la inacción de las autoridades estatales y federales ante lo que calificó como una “flagrante violación a los derechos humanos”, al haberse ejecutado los arrestos sin órdenes judiciales válidas y con uso excesivo de la fuerza.
Según Gómez Villar, los operativos fueron realizados por elementos en vehículos sin identificación, en colaboración con agentes de la Fiscalía General del Estado y de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP). Señaló que los policías irrumpieron en domicilios sin presentar órdenes de cateo y detuvieron incluso a cinco policías turísticos comunitarios, encargados de la seguridad en la zona arqueológica de Bonampak.
“Les imputan delitos como atentados contra la paz, asociación delictuosa, lesiones y portación de armas, pero no hay pruebas. Son campesinos, artesanos, guías turísticos; gente de paz”, afirmó.
Gómez Villar presentó recursos legales y oficios ante la Presidencia de la República, el gobierno estatal, la Segob y la CNDH, sin recibir respuesta, pese a contar con folios de seguimiento.
“El 3 de julio, los propios lacandones enviaron un escrito al gobernador. No ha habido reacción de ninguna autoridad”, denunció.
El abogado relacionó las detenciones con supuestas investigaciones sobre grupos armados, pero afirmó que no existe ninguna evidencia que vincule a los indígenas con esas acusaciones.
“Las grabaciones muestran claramente que fueron arrestados de forma violenta y sin justificación legal”, sostuvo.
Actualmente, 18 de los indígenas permanecen recluidos en el penal El Bambú, en Playas de Catazajá, mientras que otros dos fueron trasladados al penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, lo que ha complicado su defensa y limita el acceso a sus familiares.
