Por Javier Domínguez
26 de enero de 2025, Tuxtla Gutiérrez.
El activista y defensor de derechos humanos denunció públicamente el desplazamiento forzado de 18 familias indígenas en la región Altos de Chiapas, presuntamente causado por un grupo armado que opera impunemente en la zona.
Acompañado de miembros de la comunidad tzotzil, el activista presentó esta denuncia en la entrada del Palacio de Gobierno, señalando que el desplazamiento ocurrió desde el año pasado y que, hasta la fecha, las víctimas no han recibido el apoyo necesario para garantizar su regreso seguro a sus comunidades.
“Las víctimas requieren urgentemente una audiencia con el gobernador para que puedan retornar a sus hogares y recuperar sus vidas. Su situación es crítica, y su único anhelo es volver a sus tierras con las garantías necesarias para vivir en paz”, expresó el activista.
Actualmente, las familias desplazadas permanecen en Tuxtla Gutiérrez, pero han solicitado que no se revele el nombre del municipio del que provienen por temor a represalias de los agresores. “Tienen miedo de que los encuentren y los asesinen. Este nivel de inseguridad es alarmante”, agregó.
El defensor destacó que las comunidades indígenas afectadas se encuentran en una zona donde no han llegado las fuerzas de seguridad estatales, como los elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, lo que permite que los grupos armados sigan ejerciendo control.
“Estamos exigiendo justicia para estas familias. Pedimos a las autoridades que les brinden seguridad y condiciones dignas para regresar a sus hogares. No se puede seguir ignorando esta crisis”, puntualizó.
En los últimos tres años, la violencia en Chiapas ha provocado el desplazamiento de más de 3 mil indígenas tzotziles, quienes han abandonado sus comunidades debido a la inseguridad y los conflictos armados que afectan la región. La situación evidencia la necesidad urgente de acciones contundentes por parte del gobierno para proteger a los pueblos originarios y garantizar su derecho a una vida digna.
