Ciudad de México, 28 MAR.-La organización internacional de defensa a periodistas Artículo 19 dijo el martes que 2022 fue el año en el que se han registrado más agresiones contra comunicadores en México desde que se tiene registro, y señaló a fuerzas de seguridad y a otros organismos del Estado como los principales perpetradores de esos abusos.
En su informe anual “Voces contra la indiferencia”, Artículo 19 documentó que durante el año pasado hubo 696 atentados, que incluyen intimidación y hostigamiento, amenazas, uso ilegítimo del poder público, alteración de contenidos, ataques físicos y a bienes, así como privación de la libertad y asesinatos.
“En México se mata a periodistas, pero también se les amedrenta y se les calla de manera sistemática y recurrente mediante hostigamientos, estigmatizaciones, amenazas y uso ilegítimo del poder público”, detalló el reporte.
En un comparativo, el organismo explicó que las agresiones aumentaron 4.3 veces respecto al cuarto año de la gestión del expresidente Felipe Calderón Hinojosa y 1.6 veces respecto al mismo periodo del mandato del expresidente Enrique Peña Nieto.
Más del 40% de los abusos reportados fueron perpetrados por el Estado y el 50.57% de las víctimas en esos episodios cubrían casos de corrupción y política.
El documento también destacó que durante la conferencia de prensa que realiza diariamente el presidente Andrés Manuel López Obrador hubo 176 comentarios estigmatizantes contra medios de comunicación, periodistas y organizaciones de la sociedad civil.
“2022 fue el año con más agresiones contra la prensa desde que tengamos un registro (2008), 33 de las cuales fueron del presidente con declaraciones estigmatizantes durante su conferencia matutina”, dijo a Reuters Leopoldo Maldonado, jefe de la oficina para México y Centroamérica de la organización.
El presidente López Obrador ha criticado con dureza a Artículo 19 y ha negado en varias ocasiones que su gobierno ataque a la prensa, la espíe o que limite la libertad de expresión.
En su informe anual «Voces contra la indiferencia», Artículo 19 lamentó que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador haya dificultado el acceso a los derechos de libertad de expresión y acceso a la información.
Además de la docena de periodistas asesinados presuntamente por ejercer su labor, pues más de la mitad de ellos cubrían temas de corrupción y política, otros nueve fueron víctimas de atentados contra sus vidas que no se consumaron.
«Dichas historias nos muestran la falta de respuesta institucional y a un Gobierno que se decanta por el encubrimiento y la impunidad», señaló Maldonado.
Cuatro de cada 10 agresiones, fueron a manos del poder público, refleja el informe. «En México se matan periodistas, pero también se les calla y amedrenta de diferentes formas, con amenazas y el uso ilegítimo del poder público», dijo el director de Artículo 19.
El 97.9 % de estos crímenes permanecen impunes, una cifra que Maldonado auguró que no tiene visos de revertirse y que sirve como aliciente para perpetuar las agresiones.
El informe señala directamente a López Obrador por su «lucha por silenciar al mensajero» desde su rueda de prensa diaria, desde donde se vertieron 176 comentarios estigmatizantes contra la prensa, 44 de ellos considerados «verdaderos ataques».
El presidente protagonizó 33 de esos ataques, y Maldonado lamentó que no hubiera un cambio de actitud teniendo en cuenta el extraordinario número de periodistas asesinados durante el año.
«Muchos de los ataques provienen de los Gobiernos estatales y municipales, de las fuerzas federales (Ejército, Marina), de las fiscalías. Es lamentable que con la llegada de este Gobierno que tanto se comprometió con la seguridad y la libertad de expresión no está sucediendo», dijo Adela Navarro, directora del semanario ZETA Tijuana.
Espionaje militar
El informe «Voces contra la indiferencia» también documenta el espionaje realizado por las Fuerzas Armadas mexicanas a periodistas y defensores de derechos humanos mediante el sistema Pegasus.
De acuerdo con el reporte, el Ejército habría intervenido el teléfono de Raymundo Ramos, director del Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, para conocer sus investigaciones sobre abusos cometidos por militares.
Ramos señaló este lunes al secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sadoval, de estar al mando del espionaje en su contra y de tratar de relacionarle con miembros del crimen organizado para intimidarle.
«El presidente ha optado por escuchar solamente a las Fuerzas Armadas y no a las víctimas y a los defensores de derechos humanos», indicó.
Preguntado recientemente al respecto, López Obrador aseguró que el Ejército no espía, si no que realiza labores de inteligencia.
«La respuesta a la investigación ha sido decepcionante, el presidente negó los hechos y el Ejército mantiene el silencio. No se garantizan los derechos humanos, pero sí la persecución de quienes los exigen», ahondó Maldonado.
Crisis de desaparecidos
Artículo 19 también puso de relieve la falta de una política integral que garantice el acceso de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos a la justicia, la verdad y la reparación.
«Sin una revisión de los hechos, sin justicia ni reparación, es imposible hablar de perdón», expuso el director de la organización civil.
Esto cobra especial importancia en el fenómeno de las desapariciones forzadas, que en México vive una de sus crisis más graves tras rebasar el año pasado los 100,000 casos y los 52,000 cuerpos sin identificar.
El informe subraya la inoperancia del Gobierno en la búsqueda de estas personas, tarea que recae en las familias, exponiéndoles a amenazas. Al menos siete buscadoras de desaparecidos fueron asesinadas en 2022.
«No creía que después de Felipe Calderón tuviéramos un presidente tomando decisiones tan llenas de sangre, pero llegó alguien que lo rebasó», señaló Bibiana Mendoza, vocera del colectivo de búsqueda de desaparecidos Hasta Encontrarte.
