Ciudad de México, 4 de abril de 2025.— Frente al riesgo de una posible captura político-criminal del sistema de justicia mexicano, académicos, abogados y periodistas anunciaron la creación del Observatorio Ibero sobre el Sistema de Justicia, una iniciativa impulsada por el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana para supervisar las 19 elecciones judiciales locales que se celebrarán el próximo 1 de junio, en paralelo a la elección judicial federal.
El proyecto busca visibilizar y documentar posibles irregularidades, así como promover un análisis profundo sobre las consecuencias de elegir jueces, magistrados y ministros mediante voto popular. Contará con investigaciones periodísticas, análisis estadísticos y colaboraciones con medios como Animal Político, W Radio y plataformas locales.
“La reforma rompe con la idea de árbitros independientes. Para ser juez ahora se necesita tener relación con el sistema político y electoral. ¿Quiénes serán los próximos jueces? Los que cuenten con el respaldo de sindicatos, organizaciones clientelares o redes criminales”, advirtió Ana Laura Magaloni, coordinadora del Observatorio, al presentar la iniciativa.
Desde el pasado 30 de marzo, en paralelo al inicio de las campañas federales para ocupar los 881 cargos judiciales del país, comenzó también el periodo de campañas en 19 entidades donde se renovarán más de mil 800 posiciones del ámbito judicial local, incluidas magistraturas, juzgados y tribunales de disciplina. Magaloni subrayó que el 98 por ciento de los conflictos entre particulares inician en juzgados locales, lo que convierte a estas elecciones en clave para garantizar el acceso efectivo a la justicia. A su juicio, el sistema actual está diseñado para una élite, es lento, caro y difícil de entender, por lo que urge rediseñarlo desde lo local.
Durante la presentación del Observatorio, el rector de la Universidad Iberoamericana, Luis Arriaga Valenzuela, alertó que la elección popular de jueces pone en riesgo pilares fundamentales del Estado de Derecho. “La legitimidad del poder judicial no puede provenir únicamente de las urnas. Elegir jueces por voto popular los vuelve vulnerables a presiones políticas y socava la independencia que debe caracterizar su función”, afirmó.
Con experiencia en la defensa de derechos humanos y como exdirector del Centro Prodh, Arriaga recalcó que los mayores problemas de impunidad en México se encuentran en la etapa de investigación de los delitos y en la operación cotidiana de la justicia local. “No es la Suprema Corte, es abajo donde están los problemas. En las fiscalías, en los juzgados, en las primeras puertas de acceso a la justicia”, sostuvo.
La iniciativa del Observatorio Ibero busca, así, generar conocimiento, articular voces críticas y aportar propuestas que contribuyan a preservar la autonomía judicial en un contexto donde, advierten, se están redefiniendo de forma acelerada las reglas del sistema de justicia.
