Gerardo Sánchez Zumaya, empresario potosino ligado a Morena, así como su papá, Hilario Sánchez Lara, promovieron amparos ante posibles órdenes de aprehensión en su contra.
El 13 de octubre, Latinus publicó que Sánchez Zumaya obtuvo contratos de Pemex entre 2021 y 2024 a través de la empresa Petro Gesa por más de 520 millones de pesos. En sus redes sociales presume su apoyo a Morena y acceso a políticos como Marcelo Ebrard, secretario de Economía; Adán Augusto López, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, y Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.
Este martes, el periódico Reforma publicó que Sánchez Zumaya fue denunciado por pagos y transacciones irregulares por 15 mil millones de pesos. El diario detalló que el empresario fue acusado penalmente de operar una supuesta red de lavado de dinero a través de las transacciones con Pemex.
La denuncia fue presentada ante la fiscalía de Tabasco por el representante jurídico de un grupo de empresas que alertan a Pemex de una competencia desleal.
Latinus pudo corroborar que Sánchez Zumaya solicitó la protección de la justicia federal el pasado 16 de octubre, tres días después de la emisión del reportaje, en contra de una orden de aprehensión, y señalando como autoridades responsables al juez de control del Centro de Justicia Penal Regional de San Luis Potosí y a la Fiscalía General del Estado.
Dicho amparo recayó en el Juzgado Octavo de Distrito de San Luis Potosí, el cual remitió el expediente al Juzgado Primero del estado porque Sánchez Zumaya ya había presentado desde abril amparos para evitar posibles órdenes de aprehensión en su contra.
Otro amparo que promovió fue radicado en el Juzgado Sexto de Distrito de la entidad potosina, que fue sobreseído al no existir una orden de aprehensión en su contra.
Su papá, Hilario Sánchez Lara, también promovió un amparo contra una posible detención tres días después de la publicación de Latinus. El pasado 15 de noviembre, el amparo fue sobreseído porque las autoridades responsables negaron los actos reclamados, es decir, que existiera una orden de aprehensión en su contra.
