Benito Jiménez
Habitantes de la comunidad de Frontera Corozal, en el Municipio de Ocosingo, marcharon este sábado para exigir al Gobierno federal que haga frente al crimen organizado asentado en la región.
El peor problema por el que atraviesan es el cobro de piso para ir a Palenque o Ocosingo. Y si no pagan, denunciaron son víctimas de tablazos o «levantones».
«Señor Presidente de la República AMLO exigimos que la FGR agilice la orden de aprehensión en contra de Cabrero Segundo López y otros líderes del crimen organizado de San Javier», anotaron en su manta que encabezó la manifestación en calles de esa localidad, a unos 262 kilómetros por carretera a la cabecera municipal.
«Estamos reclamando una falta de atención por parte del Gobierno federal y del Gobierno del estado a esta comunidad, ya que desde hace 4 años la comunidad de la zona Lacandona había estado demandando la presencia de la seguridad», reclamó uno de los manifestantes a través de un altavoz.
«Simplemente el Gobierno federal no ha querido atender la situación, en las últimas semanas nos hemos visto rodeados por el crimen organizado, los grupos delictivos han hecho presencia en la zona de Lacandona quienes actualmente han desestabilizado la paz social y la tranquilidad, a la sociedad de Frontera Corozal, precisamente por la presencia de estos grupos delictivos, y por eso se ha elevado la voz para que de inmediato puedan enviar a los cuerpos de seguridad para que resguarden a la población, pero hasta hoy no hemos tenido respuesta satisfactoria».
Los inconformes rechazaron la versión oficial de que son los autores de la retención de ocho oficiales estatales, la semana pasada.
«Tal fundamento carece de toda veracidad lo que el Presidente de la República ha afirmado, porque los habitantes de Frontera Corozal no forma parte del crimen organizado, no forma parte del narcotráfico, desde aquí desmentimos tal fundamento que carece de toda veracidad, lo que el Presidente ha afirmado, nosotros nos dedicamos a cultivar la tierra», se dijo en la protesta.,
Los manifestantes exigieron la captura de Cabrero Segundo López, un sujeto que, dijeron, opera en el crucero San Javier, a unos 40 kilómetros de Frontera Corozal.
Por ahora, las entradas a la comunidad están cerradas y vigiladas las 24 horas por los mismos habitantes. El paso está restringido, incluso para migrantes.
Durante su conferencia matutina del 16 de octubre, López Obrador mencionó que la Selva Lacandona ocurrió un problema que «seguramente no se dio a conocer» el sábado y domingo pasados (14 y 15 de octubre).
«Nos detuvieron unos pobladores a un grupo de la Guardia Nacional porque querían -y todo esto lo digo porque quiero enviar el mensaje a la gente de Corozal, allá en la Lacandona- querían utilizar a la Guardia Nacional, al Ejército, a la Marina», apuntó el Presidente.
Sin embargo, de acuerdo con las familias, el plagio sucedió la noche del jueves 12 de octubre, cuando presuntos indígenas tzeltales de la localidad se llevaron a los efectivos.
«Aquí ni la Guardia Nacional, ni del Gobierno federal se ha metido», criticaron los manifestantes.
