*Las mil páginas del dictamen de Reforma Electoral asustan a los legisladores, quienes rechazan leerlo en tan poco tiempo. Mientras tanto, el Plan B de AMLO, un cambio a la ley que no requiere mayoría calificada, sigue sin salir a la luz.
Ciudad de México, 23 NOV.-Entre pifias de procedimiento legislativo cometidas por Morena, derrotismo del bloque oficialista, y el reloj de los tiempos legislativos encima, la reforma político-electoral planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha entrado en fase de agonía.
Acaso podría tener una reanimación artificial con la marcha del sábado 27 y las presiones presidenciales a las bancadas obradoristas, pero todo indica que se acerca a un final previsible.
Nada menos, esta mañana, cuando las comisiones dictaminadoras aplazaron la discusión del dictamen de reforma constitucional del oficialismo, ya que no fue presentado en tiempo y forma: lo compartirían en un documento digital (Drive) que encima tenía cerrado el acceso originalmente.
El documento debió presentarse impreso y sobre todo con el tiempo adecuado para el conocimiento de los miembros del comité dictaminador: 935 páginas. La pifia parece resultado de cierto derrotismo obradorista, pues sus principales líderes comentaban hoy que no existen condiciones de consenso y, además, alcanzar los votos necesarios es imposible (dos terceras partes del quórum para una reforma constitucional).
Por si fuera poco, los miembros de las Comisiones Unidas de Reforma Político Electoral, Gobernación y Puntos Constitucionales, advirtieron que si no se presentó en la instancia actual, una reforma a nivel de leyes secundarias, como la que anunció AMLO, tendrá que iniciar desde cero, y después de que concluya el actual procedimiento.
Para entonces, suponiendo que fuera a toda velocidad, quedan tres semanas del periodo de sesiones. Y a partir del primero de enero, la ley impide cualquier reforma electoral, pues 2023 es un año previo a elecciones federales.
Reto complicado
El propio diputado morenista, Juan Ramiro Robledo, explicó que sólo se procesarán, en el actual grupo de trabajo, las iniciativas que hayan sido presentadas antes de la instalación del grupo de trabajo, que se conformó a principios de noviembre.
Robledo, quien preside la Comisión de Puntos Constitucionales, explicó: “Esta (iniciativa) es constitucional exclusivamente, si un legislador, o el presidente, o el Congreso de un estado quiere iniciar una reforma legal lo puede hacer en cualquier momento. Pero para un nuevo trámite, no en este”.
A pesar que esta mañana AMLO anunció que estaba por enviar la iniciativa de su Plan B, consistente en modificaciones a leyes secundarias, Ramiro Robledo precisó:
“En este (procedimiento) sólo reformas constitucionales, y legales (de leyes secundarias) que hubieran estado (presentadas) hasta antes del día en que instalamos el grupo de trabajo, que fue a principios de noviembre”.
No obstante, ante las presiones por la pifia, el líder morenista en San Lázaro, Ignacio Mier, anunció que el 28 de noviembre –un día después de la marcha de AMLO– sesionarán las comisiones unidas para procesar el dictamen.
Y es que no es muy difícil comprender que ante el panorama de derrota legislativa, el cuarto informe de gobierno del tabasqueño puede resultar anticlimático.
Los 7 ejes y la advertencia de Creel
El diputado Hamlet Almaguer dio a conocer los siete ejes en los que se sustenta la propuesta de reforma: 1) financiamiento de partidos 2) acceso de partidos a radio y televisión con fines electorales 3) unificación de las autoridades electorales (sin OPLES) 4) conformación del INEC (voto directo para consejeros y magistrados) 5) elección mediante sistema de listas por entidad y reducción de legisladores 128-96 senadores y 500 a 300 diputados 6) voto electrónico 7) reducción de integrantes de congresos locales, ayuntamientos y alcaldías.
Mientras que el presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel, advirtió que si alguna de estas siete leyes “tocan un derecho político en cualquiera que sea su dimensión” como están concebidos en el artículo 41 de la Constitución u otros “va a ser objeto de una acción de inconstitucionalidad inmediata”.
Pifias
Hoy fueron citadas las comisiones unidas para discutir y votar el dictamen de reforma político electoral constitucional a las 10 de la mañana. Para que un dictamen sea votado es preciso que los legisladores miembros de la comisión o las comisiones dictaminadoras conozcan en qué consiste. No llegó en copias impresas, lo cual habría sido complicado debido a su volumen: casi un millar de páginas.
La diputada priísta, Cynthia López Castro, integrante de las comisiones dictaminadoras, denunció en un video publicado en redes: “Siendo las diez de la mañana tuvimos reunión de las juntas directivas de las comisiones de Reforma Política electoral, Gobernación, y Puntos Constitucionales, y nunca nos dieron el dictamen. Tuvieron que haberla enviado por correo electrónico, no están cumpliendo con el proceso legislativo adecuado, y por eso votaremos en contra de esta propuesta de dictamen, pero además queremos evidenciar que el proceso está viciado, no están cumpliendo en tiempo y forma, que no les están entregando a los legisladores el dictamen para que lo podamos estudiar”.
Sobra decir que el llamado “Plan B” de AMLO es como el crimen perfecto en San Lázaro: nadie lo ha visto. Y como lo dijeron los propios morenistas, tendría que ser objeto de un nuevo procedimiento, no podrían procesarlo en el actual.
No deja de ser curiosa la fotografía publicada ayer por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en la que parece en su escritorio de Bucareli hojeando la iniciativa del plan “A”
