Ciudad de México, 09 MAY.-La violencia y estigmatización hacia la prensa en México se impulsan desde el Poder Ejecutivo, debido a que utiliza las conferencias mañaneras para atacar a periodistas, señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En específico, la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”, presentada desde junio de 2021 en las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador para supuestamente desmentir noticias falsas, explica la Comisión.
“(Esta) sección continúa siendo un espacio utilizado por el Poder Ejecutivo para estigmatizar y descalificar el trabajo de la prensa», expone el organismo en su Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2022.
Al considerar que la sección contraviene estándares interamericanos sobre libertad de expresión, la CIDH exhortó al gobierno a suprimirla. «La Relatoría llama al Estado a suspender esta práctica”.
De acuerdo con la CIDH, el discurso estigmatizante de los funcionarios públicos dificulta los esfuerzos para combatir la violencia hacia periodistas, incrementa la hostilidad y los riesgos de la labor informativa, y fomenta un contexto de autocensura para reportar sobre asuntos de relevancia pública.
Aunque el gobierno de México ha dicho que esa sección se basa en los artículos 6 y 7 de la Constitución, los cuales establecen el derecho de la ciudadanía a “estar debidamente informada” sobre las acciones gubernamentales, la Relatoría considera que este ejercicio no contribuye al debate público.
“Tiene el potencial de incrementar los riesgos inherentes a la labor periodística, especialmente en un contexto de escalada de violencia contra personas comunicadoras”, advierte.
Lo anterior, detalla, porque en las conferencias presidenciales se califica el trabajo de la prensa como “mentiras”, “noticias falsas” o “conservadores”.
El organismo reconoce importante combatir las noticias falsas, pero, subraya, realizar un chequeo gubernamental de los contenidos periodísticos y etiquetar a los medios y periodistas pone en riesgo las garantías para la libertad de expresión y la institucionalidad democrática en México.
Desde 2021, el titular de la Relatoría ha llamado al Estado mexicano a suspender esta sección, pues, ante el aumento de asesinatos, amenazas, ataques y agresiones contra periodistas en México, es esencial que el gobierno reconozca y legitime la labor periodística.
“Este espacio se enfoca en contrarrestar la información que cuestiona o critica la gestión gubernamental, por lo que tiene el potencial de convertirse en una instancia oficial de defensa del propio Gobierno frente a la crítica, con más semejanzas a la propaganda que a la verificación de información”, apunta el informe.
