Ciudad de México, 08 AGO (apro).-A lo largo de 2024 las violencias y la criminalidad han recrudecido en la frontera de México con Guatemala. No son eventos nuevos ni desconocidos como resulta evidente revisando cualquier medio noticioso. El desplazamiento forzado de pobladores chiapanecos y la conversión de un conjunto en refugiados en Guatemala, en estos días, es uno de los costos más crueles que las organizaciones criminales imponen a la región.
Tener ahora refugiados mexicanos en Guatemala es una trágica paradoja y símbolo de la disolución del Estado derecho y de la mínima institucionalidad en la región.
Este deterioro tiene años acumulándose. Tiene años también la desatención de la grave problemática por parte del gobierno federal y locales, pese a la presencia masiva de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional en el estado de Chiapas. Todo indica que no ha sido su asunto, cuando formalmente estarían obligadas a intervenir en el control del crimen y en la protección de la población.
Los tonos alcanzados por la crisis de inseguridad son de horror, como lo han denunciado insistentemente organizaciones civiles de la entidad y como valientemente han comunicado colegas que hacen estudios sociales sobre la frontera sur.
¿Señales e iniciativas del Estado en la dirección debida? Éstas siguen como agenda pendiente, que día a día acumula una deuda potencialmente impagable. ¿De qué dimensión debe ser el deterioro social para motivar una iniciativa decidida y eficaz que recupere el Estado de derecho? ¿No son suficientes los homicidios y los repetidos desplazamientos forzados de comunidades chiapanecas, indígenas en su mayoría?
Ante los refugiados mexicanos que ahora están en Guatemala, la respuesta del gobierno federal no ha abordado directamente la cuestión central: el control de los grupos criminales, su erradicación y la recuperación de los territorios para sus comunidades. Debe hacerse de manera inmediata para las poblaciones afectadas; también, de manera general, para el estado en su conjunto, pues son numerosos los municipios en donde las organizaciones criminales se han convertido en poderes fácticos sobre la vida cotidiana.
Ya no es solamente el tráfico de armas, de drogas o de personas migrantes; ahora son también prácticas de dominio sobre el comercio, la producción y sobre muchas más actividades sociales.
Lamentablemente la crisis de inseguridad en Chiapas no es única en el país. Tampoco los refugiados chiapanecos en Guatemala son los únicos refugiados mexicanos buscando protección internacional. En realidad, estamos frente a una grave crisis nacional, sin precedentes. El desplazamiento forzado, con independencia de sus factores particulares, es un contundente barómetro sobre crisis sociales en curso: es una medida sobre la ruptura de la convivencia normal, obligando la huida de las personas.
El desplazamiento forzado es hoy una práctica extendida en México, que impone la violación de los más elementales derechos. Lo vemos claramente en Chiapas, pero también se sufre en otras regiones. Una parte de esas movilidades transcurre al interior del país, de una región a otra, de pueblos a ciudades habitualmente. Otra parte se expresa en las fronteras, incluyendo ahora la sur con Guatemala; pero lo cierto es que la mayor proporción se concentra en el norte.
En la frontera con Estados Unidos, exactamente a partir de mayo de 2022, el número de mexicanos arribando en grupo familiar experimentó un crecimiento impresionante. De aproximadamente cuatro mil 500 personas en aquel mes, la cifra alcanzó un pico de más de 37 mil en diciembre de 2023. En el transcurso de 2024 el promedio es de 24 mil eventos mensuales (hasta junio). Por contraste, durante todos los años previos a 2022, la cifra de mexicanos –en grupo familiar– registrada como “encuentros” por la autoridad migratoria de Estados Unidos no superó un promedio de cuatro mil registros mensuales.
Para darnos una idea de la escala del problema: entre enero de 2022 y junio de 2024 los “encuentros” de mexicanos en grupo familiar ascienden a un total de casi 440 mil. Sin comparación con lo que ocurre en la frontera con Guatemala, siendo ambas situaciones de lo más grave.
La movilidad en grupo familiar –muy distinta a la movilidad de adultos solos que caracterizó al flujo mexicano durante toda su historia– significa que las personas abandonan su lugar y proyecto de vida debido a que la convivencia en sus espacios habituales ya no es posible. Este nuevo flujo de mexicanos y mexicanas, nuestros refugiados, son el vívido retrato de condiciones sociales muy lastimadas, generalmente causadas por el predominio de organizaciones criminales como ejemplifica Chiapas ahora.
El desplazamiento forzado en México y las cifras de refugiados, incluyendo a quienes se encuentran en Guatemala, son la imagen de una intensa crisis que sigue sin ser reconocida y menos atendida. A lo largo del país las violencias y el crimen suman así al desplazamiento forzado como parte de sus graves costos, que se añaden a las difundidas prácticas de extorsión y otros delitos que tienen como efecto limitar o anular las actividades económicas y comerciales. Desde esta perspectiva, como puede apreciarse, los derechos de las personas y el desarrollo económico aparecen crecientemente comprometidos por las organizaciones criminales, que no enfrentan mayor límite.
El dilema no está entre “abrazos” o “balazos”, como son los términos que rondan al discurso gubernamental, como si se tratara de una dicotomía única e insalvable.
La ruta se encuentra en otro terreno, en el de fortalecimiento de las instituciones de justicia, desde fiscalías hasta el Poder judicial, federal y en los estados, además de las instituciones preventivas y de seguridad. En efecto, deben renovarse estas instituciones, pero siguiendo una ruta de modernización técnica y operativa, de profesionalización y de plena autonomía. Si no es por este camino, si la opción son procedimientos electorales y políticos como aspira hoy el partido Morena, no habrá soluciones ni justicia para Chiapas, ni para otros estados, ni para nuestros refugiados, ni para las víctimas.
El desplazamiento forzado, nuestros refugiados y el deterioro social y económico en las regiones –incluyendo la espeluznante escala de homicidios– tienen un determinante central: las organizaciones criminales y las tolerancias que les rodean. ¿Qué más hace falta para reconocerlo? ¿Qué más hace falta para actuar con responsabilidad y con la fuerza de la ley? No hay mayor prioridad pública; no hay mayor urgencia social.
Las violencias y el crimen se han sumado como poderoso torbellino que hunde aún más nuestros añejos problemas nacionales, haciendo más distante su solución. Resolver los segundos requiere ahora resolver al primero. A partir de octubre próximo la próxima presidenta de México tendrá aquí al mayor de los desafíos y sería una señal de esperanza que reconociera su crucial trascendencia, junto con una convocatoria nacional para instrumentar verdaderas alternativas. Ojalá, por el bien de la nación. Lo sabremos pronto.
