El crimen organizado está desgarrando a Chiapas entre el silencio y el Estado fallido propiciado por las autoridades, advirtió la Diócesis de San Cristóbal de las Casas.
A través de un pronunciamiento público, en el que pide ayuda a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales y a los participantes del Diálogo Nacional por la Paz, señaló la crisis estructural e institucional que se vive en el Estado gobernado por el morenista Rutilio Escandón.
«Chiapas desgarrado por el crimen organizado. Nuestras comunidades y nuestros pueblos de Chiapas estamos sufriendo los asesinatos, secuestros, desapariciones, amenazas, hostigamiento, extracción de nuestros bienes naturales, persecución y despojos de los bienes, fruto de nuestro trabajo», expuso.
«Los grupos delincuenciales se han apoderado de nuestro territorio y nos encontramos en estado de sitio. Bajo psicosis social con narcobloqueos, que usan como barrera humana a la sociedad civil, obligándolos a estar y poner en riesgo su vida y la de su familia».
La Diócesis recordó que ha denunciado de forma «permanente» la crisis social, la represión y la presencia de los grupos criminales, no obstante, lamentó que no haya respuesta.
«El silencio de las autoridades pone en riesgo la integridad humana y nos demuestra un Estado fallido y rebasado y/o coludido con los grupos delincuenciales, desde los fiscales municipales y regionales, presidentes municipales, el Gobierno del Estado y federal», acusó.
«La omisión del Estado frente a esta realidad mantiene a los pueblos en la incertidumbre total. Hacemos un llamado a la comunidad internacional a visibilizar la situación de violencia que se ha perpetrado en nuestro Estado de Chiapas y que las autoridades correspondientes respondan brindando seguridad al pueblo. Responsabilizamos de los hechos ocurridos a los tres niveles de Gobierno que han hecho caso omiso a las denuncias de la sociedad civil».
La presencia y dominio del crimen en esta entidad, señaló, ha generado amenazas y persecución a la sociedad civil; presión y control social, político y psicológico de diferentes grupos para que el pueblo tomen partido por uno u otro grupo criminal; manipulación de servicios básicos; despojo de bienes; desabasto de bienes y medicamentos; reclutamientos forzados; extorsión; cobro de piso, entre otros.
Entre sus peticiones está la atención urgente a la situación, atender las denuncias de la sociedad civil, girar y ejecutar las órdenes de aprehensión en contra de provocadores de violencia, que se respeten los centros educativos, restablecer el orden social sin vulnerar a la población y que se haga valer el Estado de Derecho.
«Nuestros pueblos no son campos de batalla», se resaltó en la misiva firmada por el Obispo de San Cristóbal de las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez, y el Obispo auxiliar, Luis Manuel López Alfaro.
