Ciudad de México, 07 JUL.-El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) pidió al Estado mexicano reconocer a las madres buscadoras de personas desaparecidas con la categoría especial de personas defensoras de derechos humanos, con apoyo y protección.
En sus observaciones finales del décimo informe periódico de México, el instrumento internacional mostró su preocupación especial por las madres buscadoras, el insuficiente apoyo a su búsqueda y el elevado número de defensoras de derechos humanos y periodistas asesinadas, atacadas o desaparecidas.
Por eso planteó necesario que se apoye a las mujeres que buscan a personas desaparecidas y a las mujeres víctimas de amenazas, desapariciones o asesinatos, así como a sus familias, “incluyendo unidades especializadas, protocolos y medidas adaptadas a sus necesidades específicas de protección”.
México participó ante el CEDAW el 17 y 18 de junio pasado en Ginebra, Suiza y hoy el organismo emitió sus concusiones.
Se dijo “especialmente preocupado” por la situación de las madres buscadoras y “la insuficiente atención que la Comisión (Nacional de Derechos Humanos) presta” a su lucha y a la de las mujeres víctimas de amenazas, desapariciones o asesinatos, amén de “la falta de un diálogo adecuado y seguro con estos grupos”.
Por eso destacó la necesidad de que haya independencia tanto de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) como de CNDH, así como la interacción de ambas con la sociedad civil, para la efectiva protección de todas las mujeres.
El CEDAW instó al Congreso mexicano a cumplir sus recomendaciones, pues algunas de las emitidas en 2018 y 2023 siguen vigentes.
Evidenció el recorte a programas dedicados a la atención a las mujeres, la ausencia de una tipificación única del delito de feminicidio (que ya había observado hace siete años) y “la diversidad de definiciones de feminicidio en el Estado parte, que distorsionan los datos estadísticos”.
Además, señaló que el aborto sigue penalizado en nueve entidades del país y está ausente en la legislación mexicana “la definición de discriminación contra la mujer” –conforme a los estándares de la CEDAW– lo que limita su alcance, mientras que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación tiene limitada aplicación y por ello no se judicializan casos.
«El aumento de la violencia de género contra las mujeres y las niñas cometida por agentes estatales y no estatales, incluidas organizaciones criminales, como desapariciones, tortura, violencia sexual y feminicidio, a menudo con armas de fuego”, destacó.
Eso está “agravado por respuestas ineficaces e insuficientes, incluidas las políticas de control de armas y seguridad, y la recopilación de datos”, indicó.
Además de recomendar que haya aplicación uniforme de protocolos con perspectiva de género, planteó abolir los procedimientos penales abreviados en casos de violencia de género contra mujeres y niñas, incluido el feminicidio.
Llamado de atención por uso de prisión preventiva
El organismo pidió al Estado mexicano revise el uso de la prisión preventiva obligatoria –que México insiste en mantener en su legislación– pero especialmente la empleada en contra de grupos vulnerables de mujeres, como las indígenas, las pobres y las que se dedican al trabajo sexual, pues se debe garantizar la presunción de inocencia y el derecho a la libertad y la seguridad personales.
En un apartado hizo referencias a la reforma y elecciones judiciales. “El Comité observa que, en el contexto de la reforma judicial en curso, se ha anunciado la capacitación y evaluación del desempeño de los jueces electos; sin embargo, le preocupa que esto pueda resultar insuficiente y que la independencia judicial y la capacidad para garantizar la transversalización de la perspectiva de género en la tramitación de los casos y la justicia puedan verse afectadas”, expuso.
Recomendó por tanto que se salvaguarde la independencia judicial, se mejoren los requisitos mínimos para los candidatos; que se capacite y evalúe a los jueces electos “para asegurar la estricta aplicación de las disposiciones del derecho penal en casos de feminicidio, esterilización forzada y desaparición forzada de mujeres”.
De igual forma concluyó que hay limitaciones al acceso de las mujeres a la información sobre programas públicos, presupuestos con perspectiva de género y procesos judiciales “tras las reformas que, en la práctica, desmantelaron el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales como organismo autónomo”.
Asimismo, concluyó que en México prevalecen prácticas tradicionales nocivas como matrimonios precoces, esterilización forzada, abortos coercitivos, tratamientos de infertilidad no consentidos y la mutilación genital femenina “que afectan especialmente a las mujeres indígenas, afromexicanas y con discapacidad”.
La respuesta de México
Con cifras de dos meses de 2025, el Gobierno de México aseguró en junio ante la CEDAW que ya se redujeron 29.23% los casos de feminicidio reportados “en comparación con el mismo período de 2024” y se aseguró que México ha sido sensible a la lucha de madres buscadoras y por eso en 2019 se creó la Comisión Nacional de Búsqueda.
También da cuenta de que hoy existe un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas; que el país alcanzó la paridad en el Congreso y el Poder Ejecutivo y que se creó la Secretaría de la Mujer (Semujeres) todo lo cual celebró el Comité.
En comunicado emitido tras la emisión de las conclusiones de la CEDAW, la Secretaría de Relaciones Exteriores apreció hoy los “comentarios positivos” emitidos por ese Comité y reafirmó su compromiso de atender los desafíos “en apego a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos».
“El Gobierno de México aprecia las observaciones y comentarios positivos respecto a los avances logrados recientemente, en particular: la elección de la primera mujer Presidenta de este país, la creación de la Secretaría de las Mujeres, las reformas constitucionales sobre igualdad de género (2024)”, expuso la
Sin embargo, las conclusiones de la CEDAW fueron en sentido crítico pues si bien reconoció la paridad alcanzada por México y la creación de la Secretaría de las Mujeres, destacó que dos instrumentos que podrían ayudar a las mujeres tienen limitada independencia y eficacia.
“El Comité observa con preocupación los informes sobre la limitada eficacia de la CNDH en la protección de los derechos humanos de las mujeres” y poca interacción con la sociedad civil, lo que “puede socavar su independencia y su capacidad para proteger eficazmente los derechos de las mujeres”.
Además, hay “limitada información disponible sobre las medidas concretas adoptadas por el Estado parte para fortalecer la independencia de la Comisión y su mandato de protección de los derechos humanos de las mujeres”.
