A Mi Manera, por Rodrigo Yescas Núñez
Perdón, pero no lo puedo creer.
En Chiapas, donde la violencia ya nos enseñó a desconfiar de todo, aun así cuesta trabajo asimilar que un caso con videos, con señalamientos, con una niña en el medio de todo, pueda terminar con un “ya se cerró”, “ya no procede”, “ya vámonos”.
Lo digo como ciudadano y como periodista: es indignante.
Porque en el caso de la niña Victoria no estamos hablando de un pleito en redes ni de un pleito de adultos. Estamos hablando de una menor cuya integridad está en juego. De una niña que, según lo que circula y se ha expuesto públicamente, habría sido víctima de agresiones. Y si existe material audiovisual, si hay indicios, entonces no hay margen para la omisión. No hay excusas. No hay “interpretaciones”. Lo único aceptable es una investigación seria, completa y urgente.
Y es que no es muy complicado, la ley y el sentido común concurren: primero se protege, luego se determina responsabilidades. Primero se salvaguarda a la menor, luego se discuten versiones. Primero se actúa, luego se litiga.
Pero en el caso de la menor Victoria parece que el sistema funciona al revés. De acuerdo a lo que hemos presenciado en redes en estos días, donde han habido hasta balazos en un restaurante, el expediente camina con calma cuando se trata de una niña, pero corre cuando se trata de cerrar rápido lo incómodo o de mover piezas cuando conviene. Y lo más grave, lo más perturbador, lo que de plano ya roza lo inaceptable, es lo que se denuncia en torno a este caso: que una jueza habría dado el carpetazo.
¿Una jueza? ¿Neta?
Una jueza que debería ser, por definición, garantía de legalidad y de protección, especialmente cuando se trata de una menor. Una jueza que no puede actuar como si se tratara de un trámite cualquiera, porque una infancia no es un trámite y una niña no es un expediente. Una jueza que tiene la obligación jurídica y moral de aplicar el principio más elemental de todos: el interés superior del menor. Una jueza que, frente a indicios de violencia, no puede ser parte del silencio institucional.
Por eso lo repito: no lo puedo creer.
Porque si esto es real, si efectivamente el caso se cerró pese a la gravedad de lo señalado, entonces en Chiapas estamos frente a algo más grande que una mala decisión. Estamos frente a una falla estructural, frente a un sistema que se vuelve tibio donde debería ser firme y que se vuelve eficiente donde debería ser escrupuloso. Un sistema que, en lugar de proteger, administra el problema hasta que desaparece. Hasta que se olvida. Hasta que deja de ser noticia.
Y aquí no importa, por más que algunos quieran arrastrarnos a esa arena, quién tiene razón entre padre y madre. Esa discusión puede existir, sí, pero aparte de que en lo personal me vale un carajo, no puede ser el eje. Porque el eje es uno solo: la seguridad de la niña.
Si más adelante se determina que hubo manipulación, denuncia falsa o estrategias legales, que se sancione a quien corresponda. Pero primero la vida, primero la integridad, primero la protección. Si un caso así se apaga, entonces no estamos hablando de legalidad: estamos hablando de negligencia. Y cuando hay una menor involucrada, la negligencia no es un “detalle”, es violencia institucional.
Hoy, lo mínimo que debemos exigir los chiapanecos es que haya acciones claras, reales y urgentes para garantizar que la menor esté a salvo, que se revisen decisiones, que se transparenten actuaciones y que se investigue con evidencia, con técnica, con peritajes y con responsabilidad. No con silencios, no con trámites, no con pretextos.
Porque hay que decirlo de frente, aunque incomode: cuando el Estado le falla a una niña, ya no es error. Es vergüenza.
Y si una jueza, quien carga ya con algunos precedentes turbios según mis fuentes, fue quien permitió que un caso con este nivel de señalamientos se cerrara, entonces no estamos ante una simple determinación jurídica: estamos ante un mensaje peligrosísimo, el mensaje de que la justicia puede volverse ciega justo cuando más debería mirar.
En un estado que presume cambios, no puede existir una justicia que mire hacia otro lado cuando hay una menor en riesgo y no puede, ni debe, existir un aparato institucional que se indigne solo cuando el tema es mediático, pero que se vuelva indiferente cuando toca actuar.
Porque hoy es Victoria. Mañana puede ser otra niña. Nos vemos…
