Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 1 de febrero de 2026.– El Congreso del Estado aprobó reformas que buscan garantizar la autonomía sindical, prevenir actos de corrupción y evitar la intervención de servidores públicos en la vida interna de las organizaciones laborales.
Durante la sesión extraordinaria —presidida por la diputada Alejandra Gómez Mendoza— se avaló el decreto que adiciona el artículo 62 BIS a la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios, así como el 64 BIS a la Ley de Responsabilidades Administrativas de Chiapas.
La diputada Andrea Negrón Sánchez, presidenta de la Comisión de Trabajo, Previsión Social y Seguridad Social, destacó que la reforma fija límites claros y sanciones efectivas para impedir que el poder público invada los procesos sindicales.
“La injerencia de servidoras y servidores públicos en procesos sindicales, ya sea mediante presión, uso de recursos públicos o favoritismo, constituye una falta administrativa grave. Esto no es una amenaza, sino una garantía para la democracia sindical”, afirmó desde tribuna.
Evitan presión, coacción y uso de recursos públicos
En la exposición de motivos, las diputadas Getsemaní Moreno Martínez, Silvia Esther Argüello García y el diputado Abundio Peregrino García coincidieron en que la reforma busca impedir:
- Presionar, inducir o amenazar a personas trabajadoras para influir en su participación sindical.
- Obligar o condicionar la asistencia a actos de campaña o mítines sindicales.
- Usar recursos, instalaciones, vehículos o infraestructura institucional con fines de proselitismo.
- Condicionar apoyos, permisos, ascensos o estímulos a cambio de votos o respaldo sindical.
- Suspender o negar beneficios como represalia por no apoyar a una planilla.
Con las nuevas disposiciones también se prohíbe el uso de programas o apoyos gubernamentales para coaccionar el voto sindical y cualquier intervención que altere la neutralidad de los procesos internos.
Blindaje contra corrupción y prácticas del pasado
Las y los legisladores subrayaron que estas modificaciones fortalecen la democracia interna de los sindicatos y suman herramientas legales para frenar prácticas de corrupción que históricamente han vulnerado la autonomía sindical.
Con la aprobación del decreto, destacaron, se busca “desterrar para siempre los vicios del pasado”, proteger la libertad sindical y garantizar que los derechos de las y los trabajadores no sean objeto de manipulación política.
