Bajo las amenazas de ser quemada públicamente y violada por los hombres del pueblo, Angelina Díaz Méndez, presidenta municipal de Aldama, Chiapas, fue obligada a renunciar al cargo el pasado 30 de enero ante un autonombrado Concejo Municipal. Sin garantías de seguridad, y ante un grupo opositor violento y organizado fue obligada a entregar toda la documentación y cuentas bancarias municipales, para luego ser prácticamente expulsada del municipio.
Lo ocurrido durante los últimos días con el ayuntamiento de Aldama ha comenzado a cobrar relevancia por la gravedad del asunto. Y es que, lo sucedido ahí pone de manifiesto nuevamente una realidad sociopolítica que sigue presente en las comunidades indígenas de la entidad pese a las simulaciones electorales, las políticas de equidad sin efectividad real y los superfluos discursos de moda.
Durante el proceso electoral de 2021, debido las leyes de paridad el PVEM debía presentar en Aldama a una candidata mujer. Para saldar este requisito, Alonso Pérez Sántiz, quien se perfilaba como candidato de ese ayuntamiento (donde se vive desde hace al menos cinco años un conflicto armado que ha dejado decenas de personas muertas y heridas) acordó que, para cumplir la normatividad, Angelina Díaz ocupara la titularidad del cargo.
Según narra el portal Chiapas Paralelo, Alonso, a su vez, ocupó el cargo de “presidente municipal por usos y costumbres”. Bajo estos acuerdos, formalmente ambos ocuparon los puestos de poder, ambos presidieron reuniones con los gobiernos estatal y federal durante año y medio, y ambos tomaron decisiones de gobernanza… Sin embrago, los grupos políticos opositores nunca quitaron el dedo de renglón contra la pareja.
La insurrección comenzó durante el 2022. A Angelina como presidenta municipal se le acusó a finales del año pasado de un supuesto desvío de 13 millones de pesos destinados a la construcción de caminos. Un grupo de 22 agentes rurales opositores presentaron una denuncia que no prosperó a la brevedad que ellos esperaban. Y, ante la imposibilidad de un procedimiento legal en su contra, no dudaron en recurrir a las amenazas sexuales y de muerte contra ella.
Pero Angelina ya había advertido a las autoridades días antes de su renuncia forzada el elevado riesgo en el que se encontraba. Las advertencias de los grupos políticos antagonistas se habían intensificado con el paso de las semanas. Pero no hubo mayor respuesta para brindarle garantías de seguridad como mujer o autoridad constitucional en Aldama. La dejaron sola. Hasta el pasado 30 de enero cuando fue presionada a firmar su dimisión en un evento público encabezado por hombres de su propio cabildo.
Apenas el pasado lunes 6 de febrero el Colectivo 50+1 emitió un pronunciamiento para exigir ordenes de protección de emergencia y medidas de protección preventiva para Díaz Méndez ante el riesgo que corre su vida. Además de la inmediata intervención del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas y el Instituto de Elección y Participación Ciudadana (IEPC) para garantizar los derechos políticos de Angelina.
Y es que, más allá de las acusaciones financieras contra el gobierno municipal, lo cierto es que el uso electoral de las mujeres y la violencia política que se ejerce contra ellas no es nada nuevo en Chiapas. Según datos del INE, Chiapas es una de las entidades con mayores casos de violencia política por razones de género en el país. Tan solo durante la última semana se registraron tres denuncias públicas, siendo la de Angelina la de mayor gravedad.
Exponer a mujeres para cumplir cuotas de equidad en pueblos indígenas sin garantías de seguridad o gobernanza hace inevitablemente responsable al Estado de cualquier consecuencia. Es inadmisible esperar a que amenazas como las hechas a Angelina se cumplan para abordar la problemática de fondo. Porque de nada sirven los buenos deseos o las leyes de paridad mientras se siga permitiendo el uso político de ellas como simples títeres o “carne de cañón” en tierras de anarquía… así las cosas
