Las recientes iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la constitución han generado gran preocupación entre empresarios e inversionistas, quienes temen que estas medidas socaven el Estado de derecho en el país, según un editorial del Financial Times firmado por Michael Stott.
Estas reformas, según el presidente López Obrador, fortalecerían la democracia y combatirían la corrupción en un Poder Judicial que considera capturado por una élite.
Según el artículo, analistas como Shannon O’Neil, experta en México del Council on Foreign Relations, consideran que ni una crisis en los mercados detendría al presidente López Obrador ni a la mandataria electa Claudia Sheinbaum en su empeño por impulsar la reforma. Esto se debe a la supermayoría legislativa de Morena y sus aliados, así como al hecho de que “llevan seis años esperando para hacerlo”.
Este miércoles el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular el dictamen de la reforma judicial, por lo que se turnó en el Senado de la República.
Los legisladores de Morena, PVEM, PT, votaron a favor de la reforma que plantea la elección por voto popular de los juzgadores, en una sede alterna a la Cámara de Diputados, debido a las manifestaciones en las inmediaciones del recinto legislativo.
Para muchos líderes empresariales, sigue el artículo del Financial Times, estas reformas podrían politizar la justicia, afectando especialmente a sectores regulados como la minería, la energía y las telecomunicaciones, que dependen de un marco legal estable para realizar inversiones a largo plazo. “Es un problema particular para los sectores regulados”, comentó un alto ejecutivo de una multinacional que prefirió no ser identificado.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos también ha expresado su preocupación, advirtiendo que las reformas propuestas «corren el riesgo de socavar el Estado de derecho y las garantías de protección para las operaciones comerciales en México». Incluso, el embajador estadounidense Ken Salazar ha emitido una crítica a los planes de López Obrador, generando tensiones diplomáticas entre ambos países.
El impacto en los mercados financieros no se ha hecho esperar. Desde las elecciones del 2 de junio, el peso mexicano ha caído un 12%, reflejando la preocupación de los inversionistas de que las reformas violen acuerdos comerciales con Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Asia. Este escenario pone en peligro la ventaja competitiva de México como un destino atractivo para la relocalización de empresas o “nearshoring”.
Alberto Ramos, economista jefe para América Latina de Goldman Sachs, advierte que México está desperdiciando una gran oportunidad de «deslocalización cercana y amigable». En lugar de aprovechar su proximidad geográfica, el país se encamina hacia un posible conflicto con Estados Unidos que podría desestabilizar los mercados y crear incertidumbre para las inversiones.
A pesar de las críticas, los aliados de López Obrador insisten en que las reformas cuentan con el respaldo popular, reflejado en la reciente victoria electoral de Morena. Sin embargo, la mayoría de los inversionistas extranjeros siguen escépticos, temiendo que las reformas constitucionales afecten la economía de México.
