Legisladores de la oposición señalaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador y varios de sus colaboradores violaron la Constitución por haber expuesto públicamente a colaboradores de Latinus en su conferencia matutina.
El diputado federal Héctor Saúl Téllez resaltó que Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), hizo un “linchamiento público sin sustento” al presentar supuestos datos personales como parte de una investigación contra Latinus.
“El titular de la UIF cae en probables responsabilidades administrativas e incluso penales por las declaraciones del día de hoy y la ventilación de datos personales sensibles”, explicó.
El legislador del blanquiazul recordó que ”el artículo 12 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita establece que los funcionarios deben abstenerse de dar datos relacionados con una investigación”.
“Si hay alguna investigación de carácter penal que se haya solicitado ante la fiscalía, pues se debe respetar lo mandatado por la ley”, indicó.
El diputado Téllez comentó también que la protección de datos personales es un derecho humano reconocido en el artículo 16 de la Constitución.
“Esto lo violentó Pablo Gómez, así como el vocero Jesús Ramírez Cuevas y Jenaro Villamil, titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, al replicar en redes sociales dicha información”.
Emilio Álvarez Icaza, senador del PRD, afirmó que “al hacer uso de datos personales, es una confesión de un delito, lo que es increíble es que presenten esa información”.
Enfatizó que “con independencia de que fuera una investigación, por supuesto que están obligados a la secrecía de la misma, pero lo único que estamos viendo es un aparato político de persecución a los periodistas por su trabajo, por más que digan que no se persiguen”.
Álvarez Icaza subrayó que al presentar “datos personales de los periodistas, claro que es un mecanismo de inhibición y represión”.
Agregó que “lo que es increíble es que en lugar de estar investigando a la delincuencia organizada, se dedican a investigar y perseguir a periodistas y a la oposición”.
El senador del Grupo Plural insistió en que la UIF debe dedicarse “a investigar los dineros del narcotráfico, las extorsiones de los migrantes que además dan número y cuenta, o el pago de derecho de piso de parte del crimen organizado, pero se dedican a perseguir periodistas”.
Dijo que “es inaudito el cinismo y corrupción de este gobierno, es atroz, de récord olímpico, y aunque dicen que no lo hacen, exhiben datos personales”.
Sue Ellen Bernal, diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), mencionó que el gobierno de la llamada Cuarta Transformación “siempre quiere exhibir o sentenciar con la opinión del presidente en la mañanera, lo que violenta todos los derechos de los agraviados”.
La legisladora del tricolor agregó que a lo largo de este sexenio, “la UIF ha sido utilizada para una persecución política para atacar a las personas que no coinciden con la ideología o visión del presidente”.
Enfatizó en que “han dejado de lado a quien sí deberían estar investigando, sobre quien sí deberían estar haciéndolo, estar buscando esos recursos que tiene la delincuencia organizada y enfocar todos los recursos en ello”.
