Organizaciones ambientalistas documentaron que este fin de semana las compañías que construyen el Tren Maya siguieron laborando pese a que hay una suspensión provisional dictada por un juez que ordena detener los trabajos hasta que la autoridad demuestre que no causan daños a cenotes y cavernas de la Península de Yucatán.
José Urbina, buzo espeleólogo que ha documentado los daños a cenotes y cuevas que forman parte del sistema acuífero subterráneo Aktun T’uyul, el más extenso de la península.
Un video registra como un taladro de gran tamaño abre una agujero en el suelo rocoso para luego horadar el suelo de la cueva; ahí se están colocando pilotes para sostener el Tramo 5 del Tren Maya, que es elevado, una solución que no existía cuando comenzó a construirse el proyecto, pero se improvisó debido a los cambios al trazo que se han hecho sobre la marcha.
“Estuvimos viendo cómo hacían otra perforación de las miles que han hecho, destruyendo una de las cuevas más hermosas que hemos visto, un lugar sumamente rico en espeleotemas, en cultura y en agua”, dijo Urbina.
La semana pasada, Urbina acudió a un mitin de Claudia Sheinbaum en Playa del Carmen para invitarla a que acudiera a la construcción y así constatara la destrucción que han provocado las obras del tren.
El juez Federico Novelo ordenó que los trabajos se detengan hasta que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) presente un informe sobre las medidas de protección a los cenotes y cavernas.
La organización ambientalista Sélvame del Tren ha documentado que los constructores de la obra han contaminado el acuífero con cemento ya que los excedentes de ese compuesto escurren por las estructuras sobre las que se colocan los pilotes.
Pese a la determinación del juez primero de distrito con sede en Yucatán, los trabajos no se han detenido; el magistrado Adrián Novelo advirtió que la Ley de Amparo prevé sanciones de tres a nueve años de prisión, multas, destitución e inhabilitación para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que no acate las suspensiones judiciales.
