Javier Domínguez
28 de mayo de 2025 | Tuxtla Gutiérrez
La diputada panista Jovannie Ibarra Gallardo denunció este martes que al menos 20 personas con presuntos vínculos con el crimen organizado o antecedentes por delitos sexuales lograron colarse en las listas finales de aspirantes a cargos en el Poder Judicial Federal.
En la antesala de las elecciones que definirán jueces, magistrados y ministros, la legisladora aseguró que diversas organizaciones civiles —y hasta integrantes de la bancada morenista— han reconocido fallas estructurales en el proceso de selección.
“Estos 20 casos son solo los que hemos podido detectar, pero hay muchos más perfiles con antecedentes dudosos que los endebles filtros de evaluación dejaron pasar hasta las boletas”, expresó.
Criticó duramente el proceso de campañas y selección de aspirantes al calificarlo como “un fracaso”. A pocos días de la jornada electoral, la participación ciudadana prevista ronda apenas entre el 11 y el 22 por ciento, de acuerdo con encuestas nacionales e internacionales.
“Hasta hace una semana, solo el 48 por ciento de la población sabía con exactitud la fecha de la elección, y únicamente el 23 por ciento reconocía a alguno de los candidatos”, citó, en referencia a una encuesta publicada el 25 de mayo por el diario El País.
La diputada advirtió que, ante este bajo nivel de información y participación, la elección podría estar dominada por prácticas como los acarreos, los votos inducidos y el uso de recursos públicos para beneficiar a candidaturas oficiales.
“Lo que más preocupa es que, entre los candidatos impugnados, hay al menos 26 aspirantes a jueces y magistrados federales con presuntos vínculos con el crimen organizado, según el propio Senado de la República”, denunció.
Por ello, informó que presentó ante la Oficialía de Partes del Congreso de Chiapas un Punto de Acuerdo para que sea considerado por el Pleno de la LXIX Legislatura.
En dicho documento, se exhorta a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Instituto Nacional Electoral (INE) a investigar con celeridad el historial de todos los candidatos. El objetivo, dijo, es garantizar que quienes aspiren a estos cargos cumplan con los requisitos de buena reputación, honradez y probidad, antes de ser electos o recibir su constancia de mayoría.
