A. Esquipulas
En Frontera Comalapa, Chiapas, la violencia ha alcanzado niveles alarmantes, afectando gravemente a los residentes que viven bajo una constante amenaza de delincuencia organizada. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) han emitido serias alertas sobre el recrudecimiento del reclutamiento forzado por parte de grupos criminales en la región.
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) ha documentado un preocupante aumento en el reclutamiento forzado. Las células delictivas, en su afán por expandir su control, visitan casas, imponiendo su dominio a través de amenazas y chantajes. Los habitantes de Frontera Comalapa, temiendo castigos físicos y extorsiones, se ven obligados a colaborar con los criminales para evitar represalias.
A pesar de la presencia cercana de fuerzas del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, la falta de acción efectiva por parte de estas instituciones ha permitido que los grupos delictivos operen con impunidad. Esta inacción ha intensificado el clima de miedo y desesperanza entre la población, que se encuentra cada vez más atrapada en una espiral de violencia sin fin.
Las ONG han solicitado de manera urgente al Gobierno federal la intervención para establecer un corredor humanitario que permita a los residentes escapar del asedio criminal. Sin una respuesta rápida y eficaz, la crisis en Frontera Comalapa podría escalar, afectando a las comunidades vecinas y exacerbando una situación ya crítica.
La grave situación en Frontera Comalapa no solo refleja el aumento de la violencia en Chiapas, sino también la deficiente protección de los derechos humanos en la región. La presión para una acción gubernamental efectiva es crucial para detener este ciclo de violencia y proporcionar alivio a una población desesperada y en grave peligro.
