Estefanía Escobar
Cd. de México (30 octubre 2022).- Especialistas señalan que conforme a la experiencia de otros países del mundo, como Bolivia, Chile y Argentina, la explotación del litio es un proceso tan complejo que el Estado no puede hacerlo por sí solo.
«(Con la nacionalización del litio) hay muchos sueños, y poca realidad», comenta en entrevista Marc Hufty, profesor en el Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo en Ginebra, Suiza, quien ha realizado investigaciones sobre la explotación del mineral en América Latina.
«En Bolivia, luego de hacer todo este ruido nacionalista, invitaron a (empresarios) chinos, franceses, alemanes a ayudarles a desarrollar la industria».
Este metal, el más liviano de la tabla periódica, ha tomado relevancia en los últimos años a medida que cada vez más naciones se suman con planes para transitar hacia las energías verdes. Conocido como oro blanco, es clave, entre otras cosas, en la fabricación de baterías para autos eléctricos y otros dispositivos electrónicos.
Recientemente, México se ha sumado como uno de los territorios que buscan nacionalizar sus reservas de litio. Nuevas investigaciones apuntan a que el País se encuentra entre los que tienen los yacimientos más grandes del mundo, particularmente en Sonora.
Sin embargo, para impulsar este sector en busca de que sea rentable para un país, es necesario considerar al menos tres cuestiones, señalan los expertos: la colaboración con la industria privada y la sociedad civil, que pueden, respectivamente, facilitar el ingreso de capital y las consultas con los pueblos y comunidades que eventualmente pueden resultar afectados; un Gobierno fuerte, que goce de alta legitimidad y respaldo, y una política industrial que contemple la cadena de producción completa.
«Creo que la historia nos ha mostrado que emprendimientos completamente estatales son bien riesgosos, al menos en la historia económica, en procesos de sustitución de importaciones, lo que ha pasado en México mismo, Brasil, en Latinoamérica en general», señala Elizabeth Jiménez, docente del post-grado Multidisciplinario en Ciencias del Desarrollo (CIDES) de la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia y especialista en Economía del Desarrollo.
«El Estado no puede solo, es importante considerar al sector privado (…) Incluso el proyecto del espacio de Estados Unidos, la NASA, y cómo se lanzaron los primeros emprendimientos para ir a la Luna, lo que demuestra es que no ha sido el Estado solito, han sido un conjunto de actores que se han beneficiado mutuamente, pero con un Estado muy fuerte».
A medida que más naciones buscan transitar hacia energías limpias, el litio ha adquirido una inusitada importancia por sus capacidades para conservar energía, lo que ofrece una alternativa de energía limpia precisamente en un contexto donde se intentan cambiar los patrones de consumo hacia una energía más verde, puntualiza la especialista.
Este metal, de color blanco y que arde en contacto con el agua, puede extraerse de salares, de rocas esteatitas o de la arcilla.
La demanda del litio se ha acrecentado en los últimos años principalmente para la fabricación de baterías para automóviles eléctricos, pero también se usa para la fabricación de cerámica y algunos lubricantes, y en menor medida para baterías de celulares y computadoras portátiles.
En medio de esta llamada «fiebre del litio», el precio del metal se disparó un 302 por ciento en el último año, un incremento alimentado en gran medida por la electromovilidad. El precio internacional de la tonelada de este metal fue de 71 mil 462 dólares en agosto, frente a los 17 mil 757 dólares que costaba en el mismo mes de 2021, según el sitio de análisis financiero Trading Economics y el Banco de México.
Las empresas tecnológicas, incluidas automotrices como Tesla, están desesperadas por asegurarse un suministro, lo que ha atraído la atención de los Gobiernos.
La experiencia internacional
En América Latina, los tres países que concentran alrededor del 55 por ciento de las reservas mundiales del metal en sus salares y que tienen ya un camino recorrido en la industria son los del llamado Triángulo del Litio: Bolivia, Argentina y Chile, cada uno con un modelo de extracción muy distinto entre sí, que, al final, según expertos, coinciden en la colaboración sí o sí con el sector privado.
Esa colaboración es necesaria, fundamentalmente por la tecnología y la «expertise» que se requiere para llevar a cabo estos procedimientos.
Los depósitos más antiguos se encuentran en el salar de Atacama, en Chile, donde la explotación del metal se inició alrededor de los años 80. Cuenta con un estimado de 9 mil 200 millones de toneladas del mineral y, actualmente, es el segundo exportador de litio a nivel mundial.
El país comenzó los procedimientos con una empresa estatal que posteriormente se privatizó, y en la actualidad el modelo es una combinación de trabajo entre el Estado, como regulador, y empresas privadas como las concesionarias, siendo la estadounidense Albemarle y la chilena SQM las mayores productoras, explica en entrevista Manuel Olivera Andrade, también docente investigador del posgrado en Ciencias del Desarrollo (CIDES), de la Universidad Mayor de San Andrés.
En Argentina, señalan Olivera y Hufty, son las provincias y no el Gobierno central, las responsables del manejo de los recursos naturales. Con un modelo basado en la inversión privada y extranjera, las empresas tienen que negociar la explotación del metal con los Gobiernos de las provincias y no con el Estado central.
Hay dos grandes firmas trabajando en el país, la estadounidense Livent y la australiana Orocobre, pero existen más de 40 inversionistas privados explotando los salares, detalla Olivera Andrade. En ese país, el litio no está catalogado como recurso mineral estratégico.
Bolivia, que tiene las mayores reservas certificadas en el mundo (21 millones de toneladas), nacionalizó los recursos del litio del salar de Uyuni en 2008, dos años después de la llegada de Evo Morales a la Presidencia. El proyecto prometía una industria nacional del litio en la que los recursos se quedarían para los bolivianos.
«(Este modelo) funciona, en términos políticos, siempre que el Gobierno tenga una cierta estabilidad o fortaleza», afirma Olivera Andrade.
Tras una primera etapa de construcción de la infraestructura necesaria para el arranque, fue hasta 2013 cuando el país logró producir entre 6 y 7 toneladas en un año, hasta llegar a las 500 toneladas recientes, apunta el especialista boliviano.
Sin embargo, luego de unos meses de estar frenado el proyecto por la inconformidad de distintos sectores de Potosí, donde se encuentra Uyuni, y tras ver una baja tasa de producción, en lo que parece ser «un cuello de botella tecnológico», el Gobierno del actual Presidente Luis Arce ha modificado su estrategia para la extracción directa del litio.
«Desde 2013 hasta ahora son 9 años, en 9 años habríamos producido algo menos de mil toneladas (…), pero estamos hablando de que en el mundo hoy en día se han producido más de 450 mil toneladas cada año, y mil toneladas es nada», dice Olivera Andrade.
«El nuevo Gobierno de Luis Arce ha establecido digamos un giro de timón (en la extracción directa), que es la de invitar a empresas con cierta experiencia en este tema para que puedan hacer pruebas piloto para la posibilidad de efectivizar esta extracción directa en el salar de Uyuni, porque podría incrementar notablemente, se supone, esta tasa de producción que es muy baja todavía».
Las reservas en México
El Servicio Geológico de Estados Unidos sitúa a México como el décimo país con las mayores reservas del mineral: con un estimado de 1.7 millones de toneladas (el 2.3 por ciento de las reservas mundiales). Sin embargo, en 2019 el portal especializado Mining Technology colocó un yacimiento en roca en Sonora como el más grande del globo, con un cálculo de 243 millones de toneladas de minerales.
Especialistas han señalado que fue esa última cifra lo que impulsó al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador a seguir los pasos de Bolivia para la nacionalización del litio con la esperanza de sacar provecho a la creciente demanda del metal, cuando en realidad, de esas 243 millones de toneladas, tan solo serían alrededor del 1.5 por ciento las que contendrían carbonato de litio, de donde se extrae el llamado oro blanco que realmente se puede comercializar.
Aun así, en menos de 48 horas, el Senado, dominado por el partido gobernante Morena, aprobó en abril una reforma a la Ley Minera que nacionaliza el litio, con lo que prohíbe otorgar nuevas concesiones a privados y abre la puerta a revisar las actuales.
Tras el cambio legislativo, López Obrador publicó el pasado 23 de agosto un decreto mediante el cual se crea el organismo público descentralizado Litio para México (LitioMx), para la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento de este mineral. Se prevé que la empresa estatal comience a laborar a inicios del próximo año, pero todavía hay pocos detalles sobre cómo lo hará.
Ante ello, los especialistas apuntan que la nueva legislación embarca al País en una carrera por el litio que despierta más dudas que respuestas, por muchos factores: la falta de presupuesto, tecnología y capacidad técnica, así como por las mismas cuestiones regulatorias.
«Las reglas tienen que ser bien definidas por el Estado (…), el marco legislativo y las condiciones, etcétera, eso tiene que ser del Estado, pero el Estado emprendedor en México como lo veo, desde afuera, es un fracaso (…), como con el petróleo, Pemex es una historia trágica», afirma Hufty, quien ha centrado sus investigaciones en los procesos de gobernanza ambiental en América Latina.
«Hay tantos intereses y el problema es cómo arbitrar esos intereses, y cuando el Estado que es al mismo tiempo el regulador, hace las leyes, y al mismo tiempo hace la extracción, bueno, el Estado se da así mismo las reglas, falta algo, ¿no?».
Luego viene el tema de la «expertise», afirma el profesor basado en Ginebra.
«Me parece que en el caso, por ejemplo de Sonora, la extracción es muy técnica, es bastante complicada, no es como con el cobre, es mucho más técnico, ¿y qué tiene como expertise histórica el Estado mexicano en cuanto al litio? Etcétera. Hay muchas preguntas, ¿y va a ser competitivo?», cuestiona.
Las ventajas
Debido a su ubicación geográfica y al nuevo tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), el País tiene ventaja competitiva frente al Triángulo del Litio, apunta en un editorial Oscar Ocampo, coordinador de Energía en el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
El consultor y politólogo explica que la renegociación de la relación comercial de América del Norte dejó una regulación automotriz más estricta que establece que los automóviles eléctricos deben cumplir con el 75 por ciento de valor de contenido regional en las baterías.
Lo anterior, sumado a los planes del Presidente Joe Biden para asegurar el abastecimiento de este mineral para Estados Unidos, es por lo que México podría aprovechar la fiebre del litio si lleva a cabo explotaciones de manera efectiva.
Por otro lado, Hufty señala que si México u otro país decide avanzar en el camino de la estatización del litio, para que sea verdaderamente rentable es necesario que se cuente con una política industrial completa, que considere la cadena de producción de principio a fin, es decir, no sólo la exportación del metal, sino la fabricación de baterías y de autos eléctricos también, y que todo eso sea considerado asimismo como parte de una política que movilice a los ciudadanos hacia estas alternativas.
«Una cadena completa, extracción, baterías, autos, y fuentes eléctricas para cargar los autos, que es otro tema a menudo un punto débil, uno se piensa en adelante, y reciclaje, eso es un punto, la cadena completa, una visión a largo plazo, y cómo levantar todo el país con una política industrial, es decir, asociar las universidades, centros de investigación, empresas privadas en crear esa cadena, ya con una visión a largo plazo», enfatiza.
«Deberíamos pensar en el litio no solamente como un recurso que lo podamos exportar, a través de industrializar, sino también en términos de nuestras propias tendencias de consumo, y cómo nos podría ayudar a nosotros a esta transición energética», agrega Jiménez en el mismo sentido.
Los impactos ecológicos
Independientemente de si la explotación de litio es llevada a cabo por el Estado o por la industria privada, el impacto ecológico siempre es el mismo.
En Estados Unidos, Portugal, España, Bolivia, Chile y Argentina, entre otros, los proyectos de explotación de litio, como cualquier otro minero, que generalmente tienen una duración de 20 a 30 años, han recibido una fuerte resistencia de las comunidades originarias y de los ambientalistas por estos impactos, sostiene en entrevista la chilena Bárbara Jerez, doctora en estudios latinoamericanos y quien formó parte del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos.
Si el Estado decide llevar adelante este proyecto mediante la inversión pública, apunta, lo deseable en todos los casos es que tenga en cuenta la voz de los pueblos originarios que han sido fuertemente afectados por el despojo de su territorio y de sus recursos naturales.
«Cualquier proyecto de minería primero tiene que tener información pública de las condiciones de estos territorios, consultas a las comunidades que viven en los lugares, consultas transparentes, libres, previas, como lo establecen los acuerdos internacionales, sobre todo con pueblos indígenas, y también que si el país tiene interés en explotar el litio, que se diseñen políticas específicas que resguarden la transparencia tributaria, y que garanticen los controles ambientales», sostiene la especialista.
«Acá en Chile, a pesar de la cantidad de años que tiene la minería del litio, es escasa la información que hay sobre los salares, sobre las dinámicas hídricas, y ha sido todo una polémica que ha obligado al Estado a realizar ciertos estudios que han mostrado el desastroso estado ambiental en que están estos lugares».
En Atacama, explica, donde se utiliza el método evaporítico para la extracción del litio -al igual que en los salares de Bolivia y Argentina-, cada día se pierden millones y millones de agua salada, dulce y semisalada que «simplemente se evapora y no vuelve», lo que ha impactado en los medios de subsistencia de las comunidades en una de las zonas más áridas del mundo.
El caso boliviano no está nada alejado de su vecino. Olivera señala que debido a una gestión lo suficientemente centralista que no tuvo en cuenta a las comunidades indígenas de Potosí, donde se encuentra Uyuni, la explotación del litio también ha recibido un alto rechazo que ha resultado en un atasco de este proyecto.
Jerez hace hincapié en que se trata de una «coyuntura» breve, en el que el litio se ha vuelto clave, pero que esta «fiebre» pasará en unos años a medida que se logre el empleo de nuevos minerales que reemplacen el oro blanco.
En ese sentido, la especialista dice que es conveniente cuestionarse qué tan necesarios son estos proyectos, dado el largo tiempo que se requiere para llevarlos a cabo, y los impactos socioambientales que dejan a su paso.
«Las expectativas que se están levantando de que esto nos va a salvar de tantos problemas son poco realistas respecto al tamaño y a las dinámicas de un mineral que además es reemplazable.
«Hay otras fuentes que se están estudiando, como el sodio, y también el hidrógeno verde, que incluso se dice que a partir del año 2035 pasaría a reemplazar la demanda del litio (…) Entonces, hoy día hay una especie de competencia contra el tiempo de explotar lo más que se pueda porque se sabe que hay una coyuntura corta y que después van a venir otros minerales», advierte la especialista chilena.
