Ciudad de México, 18 SEP.-Este jueves 19 de septiembre se discutirá en la Cámara de Diputados la reforma constitucional para que la Guardia Nacional quede bajo el control total del ejército mexicano, en caso de aprobarse, será un camino sin retorno hacia la militarización, aseguró en Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
La reforma considera modificar el artículo 21 para eliminar la “Garantía Orgánica, que obliga a que las instituciones de seguridad pública para que sean de carácter civil, contraviniendo el fallo de la Suprema Corte que lo declaró inconstitucional».
La iniciativa también contempla reformar el artículo 13 de los órganos de justicia militar para que puedan conocer los casos donde intervengan elementos de la Guardia Nacional, sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha insistido en cinco casos contra México en que el fuero militar no es personal y debe abordarse como civil.
Así lo afirmó en la sentencia en el caso Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos publicada el 23 de noviembre del 2009.
“El tribunal considera pertinente señalar que reiteradamente ha establecido que la jurisdicción penal militar de los Estados democráticos, en tiempos de paz, ha tenido que reducirse e incluso a desaparecer, por lo cual en caso de que un estado la conserve, su utilización debe ser mínima”, indica la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Centro Prodh calificó como alarmante la modificación del artículo 129 que limita las funciones de paz; asegura que esta norma ha permanecido sin cambios desde la Constitución de 1857, la cual se adoptó con la intención de limitar el “Poder Militar”.
La organización defensora de los derechos humanos indica que el cambio se propone porque en 2021 se reformó a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para establecer que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pueda prestar servicios auxiliares y servicios civiles que el presidente señale, “sin límite”, lo que es una inconstitucionalidad, pues se aleja del artículo 129.
En sus consideraciones el Centro Prodh afirma que la aprobación de la reforma va más allá de la incorporación total de la Guardia Nacional a la Sedena, “sin que se estén diseñando controles civiles externos y extraordinarios como dispone la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que llamamos a que esta reforma no sea aprobada”.