Iris Velázquez
Cd. de México (07 marzo 2023).- Activistas reprocharon que pese a los niveles alarmantes de violencia contra las mujeres y la impunidad en México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador minimice los reclamos de feministas, y preste mayor atención e inversión al beisbol.
En la conferencia de prensa «Violencia e impunidad en México», integrantes de la organización Unión Mujer indicaron que según datos del Inegi, en 2021, 4 mil mujeres fueron asesinadas, y en 2022 se registraron 948 feminicidios y 358 mil 771 denuncias por abuso sexual, violación, violencia y hostigamiento.
Estas cifras, resaltó María Guadalupe Plascencia, investigadora en Punto Fuerte Consulting, a pesar de ser alarmantes, tienden a normalizarse en México.
«Desafortunadamente nos hemos acostumbrado a dar estas cifras, yo no sé cómo es que podemos dar esas cifras y que no se nos parta el corazón. Podemos ver en otros países cuando hay una muerte, un asesinato de una mujer o un hombre es noticia nacional, la sociedad se duele por una muerte ¡Con una muerte!», expuso.
Paulina Amozurrutia, directora nacional de Unión Mujer, expresó que la lucha de las mujeres que exigen un alto a la violencia de género y a los feminicidios son minimizadas desde la propia Presidencia de la República.
«Es un tema de violencia invisible (…) este tema me calienta la sangre, los datos del Presidente nunca están de acuerdo con los datos que son la realidad y mucho menos en el tema de las mujeres. El año pasado, en la marcha dijo que era un movimiento conservador, eso es no entender el movimiento feminista y no le gusta porque no lo entiende y porque toda voz que se alce, cree que su en momento reduce su poder en las palabras», expuso.
Reprochó que el presupuesto del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador destinado a estadios de béisbol duplique el dirigido al Instituto Nacional de las Mujeres, al precisar que el Estado da recursos por más de mil 700 millones de pesos para incentivar este, su deporte favorito, al dedicarle mensajes, tiempo e inversión, pero a Inmujeres, se dieron sólo 830 millones de pesos.
«Vergüenza dar este dato, se dio el doble de presupuesto para generar estadios de beisbol que para mujeres, y ahí están las prioridades de nuestro Presidente (…) le interesa más el béisbol que cuidar a mujeres», criticó.
«Nos ha quitado toda la fuerza reduciendo al mínimo el presupuesto para el Inmujeres, para proyectos de ayuda a mujeres vulnerables y claro para la impartición de justicia, entonces así será mañana y así será siempre porque nada que no le favorece a la 4T está bien», consideró.
En el silencio
Según datos presentados, y al citar una estimación del Observatorio Nacional de Feminicidios, las especialistas señalaron que sólo el 20 por ciento de estos se generan de forma oficial, lo que genera una cifra negra de grandes proporciones.
De acuerdo con el Inegi, a nivel nacional, la cifra negra corresponde a 93.2 por ciento de los delitos cometidos en los cuales no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación durante 2021 (el último dato dado por el instituto). Así, debido a los niveles de impunidad en México, la probabilidad de que un delito cometido se resuelva por la vía institucional a través de una sentencia es del 0.9 por ciento.
Y según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022, el 46.9 por ciento de los delitos cometidos contra mujeres en los que se inició averiguación previa o carpeta de investigación no pasó nada y 26.5 por ciento están en trámite.
«No entendemos que no entendemos que estamos en una emergencia de impunidad, en una emergencia de violencia y que claro, siempre la violencia es ejercida del poder hacia los vulnerables, la mujer, a los niños y a las niñas. Es un tema de presupuesto y más allá, de empatía, yo diría de sensibilidad de entender que deben ser mujeres y niños primero, pero él (Presidente) en muchas cosas no entiende que no entiende», consideró Amozurrutia.
Las exigencias de las activistas en el marco del Día Internacional de la Mujer son, crear mecanismos de evaluación y sanción que permitan mediciones sistemáticas y acciones sobre la aplicación de la política contra la impunidad; mayor presupuesto dirigido a las instituciones de procuración e impartición de justicia.
Así como una política nacional anticorrupción que otorgue sentido de urgencia al tema de seguridad, y mayor discusión en el tema en congresos locales y el federal.
