Ciudad de México, 14 AGO.-La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de hostigamiento y difamación, así como de violar el derecho a la protección de datos personales, por difundir información de proveedores, donante y personal que ahí labora.
La agrupación respondió a las acusaciones lanzadas esta mañana por el mandatario y por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, sobre el origen de su financiamiento y el destino de su gasto.
«Además de violar el derecho a la protección de datos personales de los donantes, proveedores y personal de MCCI, el Presidente ha vuelto a amenazar la libertad de expresión. MCCI ha sido hostigada y difamada en 265 ocasiones desde las conferencias matutinas», aseguró.
«Estos ataques son un intento deliberado por silenciar a la sociedad civil crítica, por limitar la labor periodística, de investigación y comunicación independientes y por estrangular financieramente a nuestra institución».
Sobre las declaraciones de Gómez, advirtió que divulgar información fiscal de los contribuyentes no sólo es un abuso de poder, sino una violación al artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, que establece que las autoridades hacendarias tienen la obligación de guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes.
«Revelar la información de nuestra organización busca amedrentar a todas las personas que donan, colaboran o trabajan en MCCI», señaló.
La organización sostuvo que es falso que no transparente sus finanzas, ya que, como toda donataria autorizada, está obligada a presentar todos los años su declaración de transparencia de acuerdo a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, su Reglamento y la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.
Detalló que la declaración incluye el detalle de los asociados, cuerpo de gobierno, activos, pasivos, patrimonio, ingresos y la fuente de los mismos donativos.
«Adicionalmente, mes con mes hemos obtenido nuestra opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. Lo hemos hecho desde 2016 y nunca hemos recibido observación alguna, aún cuando la Administración anterior y la actual han sometido nuestras finanzas a un estándar de escrutinio que ni siquiera se cumple en la información pública del Gobierno», sostuvo.
La agrupación advirtió que, contrario a lo que asegura el Presidente de la República, el trabajo de MCCI ha estado «apegado a su objeto social».
«De ello dan cuenta más de mil 200 publicaciones que evidencian la corrupción y la impunidad en nuestro País. También ha cumplido con el objetivo de proponer alternativas de solución a estos dos problemas y de fomentar el Estado de derecho», agregó.
Con respecto a las acusaciones de recibir depósitos millonarios del Gobierno de Estados Unidos, MCCI explicó que, desde el 2016, cuenta con la autorización del SAT para recibir donativos nacionales y extranjeros en apego a la ley.
«MCCI no sirve a intereses de particulares ni a gobiernos extranjeros. Nuestros programas de investigación se deciden sin mediación externa alguna entre nuestro cuerpo directivo. Nunca ha recibido recursos públicos porque sus estatutos lo prohíben», aseveró.
Advirtió que el financiamiento de la Agencia de EU para el Desarrollo Internacional (USAID) concluyó en 2023 y ha sido destinado en su totalidad a las tareas de investigación y divulgación que constan en el acta constitutiva de la organización.
«La recepción de recursos por parte de instituciones de cooperación internacional no vulnera de ninguna manera la soberanía nacional ni las leyes.
«Por el contrario, y en este caso particular, responde al capítulo 27 del T-MEC, que establece que deben tomarse medidas para promover la participación activa de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y organizaciones comunitarias para prevenir y combatir la corrupción», refirió.
Ante los señalamientos de Palacio Nacional, sobre la participación de algunos de sus fundadores en campañas y actividades de la oposición, MCCI aseveró que nunca ha llevado a cabo ninguna actividad político-partidista.
«Ni, mucho menos, ideado, participado o hecho eco de campañas de desprestigio en contra del Presidente o partido político alguno. Nuestra misión no es mantener la corrupción y los privilegios como dice el Presidente, sino vigilar al poder, sin importar quién lo ejerza», señaló.
La agrupación reiteró que el empresario Claudio X González dejó la organización en junio de 2020, por lo que no participa en la toma de decisiones ni es su apoderado legal.
