Ciudad de México, 29 ENE (Proceso).-El último tramo de 2023 y el arranque del año actual en Tabasco fue fue violento. Las medidas militares y políticas de los gobiernos estatal y federal de poco sirven contra la espiral de violencia generada por los grupos criminales. A los incendios de vehículos y motines en tres prisiones perpetrados en diciembre, se sumó la desaparición por varios días de un grupo de mujeres colombianas explotadas sexualmente.
En la entidad se disputan la primacía en extorsiones, secuestros y el narcomenudeo bandas como Los Zetas, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Célula Independiente en Tabasco, vinculada a Pura Gente Nueva y con operaciones en los municipios de Comalcalco, Huimanguillo y Cárdenas.
El 2 de enero, en la conferencia mañanera del presidente López Obrador desde las instalaciones del 37 Batallón de Infantería, el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, aseguró que en Tabasco los homicidios dolosos, robos de vehículos y el narcomenudeo se concentran en cuatro municipios, pero todos los delitos tienen indicadores a la baja.
Los tabasqueños viven otra realidad. El reciente 24 de enero, en Macuspana –tierra del presidente– un comando armado quemó un autobús y dos vehículos en la colonia Linda Vista; se hallaron narcomantas en varios puntos del municipio.
En el tramo final de su administración, López Obrador deja una cauda de hechos violentos a pesar de que en su sexenio los atribuyó a una herencia de Felipe Calderón con su guerra contra el narcotráfico, sin reconocer que en su gobierno los altos niveles de violencia continuaron por la consolidación de los grupos criminales.
“En nuestro gobierno no permitimos masacres”, suele insistir el mandatario. Si bien se refiere por lo general a los asesinatos que se perpetran desde el Estado, la realidad es otra cuando se trata de la impunidad con que actúa el crimen organizado:
La organización Causa en Común reveló que del 1 de enero de 2020 al 16 de diciembre de 2023 se han registrado por lo menos dos mil 130 masacres, sobre todo en Guanajuato, Zacatecas y Guerrero.
La realidad en el último tramo de su gobierno contrasta con lo que el mandatario más votado en la historia de México pronunció al tomar posesión, en una ceremonia en el Zócalo: “Compromiso 87. El presidente de la República, de conformidad con la ley, es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, y nunca dará la orden de que el Ejército o la Marina masacren al pueblo. Se acabará la guerra; construiremos la paz y buscaremos la hermandad entre todos los mexicanos”.
Esta promesa se extendió cuando aseguró, en junio de 2020, que evitar una masacre fue el principal argumento para liberar a Ovidio Guzmán:
“Se decidió, para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa… yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente”, dijo el jefe del Ejecutivo.
Antes, en octubre de 2019, había declarado que los mandos de las Fuerzas Armadas tomaron la decisión y él la respaldó. “Estaban en riesgo muchos ciudadanos, muchas personas, muchos seres humanos, y se decidió proteger la vida de las personas. Y yo estuve de acuerdo con eso porque no se trata de masacres, ya eso ya se terminó”.
Aun con esa decisión, en el país se han registrado diversas masacres a manos de grupos del crimen. En diciembre de 2023 Causa en Común presentó el informe “Galería del horror, atrocidades registradas en medios”, en el cual se hizo un recuento de enero a septiembre de 2021, en 3 mil 126 notas periodísticas, “sobre eventos que pueden catalogarse como atrocidades”: suman cuatro mil 93 hechos violentos y seis mil 314 víctimas.
Entre las atrocidades de dicho periodo se cuentan 418 masacres, 502 fosas clandestinas, 640 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres, 310 calcinamientos, 800 torturas, 290 asesinatos de niños y adolescentes, 341 asesinatos de mujeres con crueldad extrema, 16 asesinatos de defensores de derechos humanos, siete de periodistas y 34 de personas de grupos vulnerables.
También cuenta 52 violaciones agravadas, nueve casos de esclavitud y trata, así como 92 registros de violencia contra migrantes, entre otros actos.
El Programa de Política de Drogas (PPD), del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), publicó los siguientes datos en el artículo “La presencia criminal en México durante 2020”:
“Con base en información obtenida de fuentes abiertas, se identificaron 150 grupos activos en México en 2020 operando en 32 estados de la República. El grupo con mayor expansión territorial es el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con presencia en 23 estados, seguido del Cártel de Sinaloa con presencia en 14 estados, La Nueva Familia Michoacana y el Cártel del Golfo con presencia en ocho estados.
“No todos los grupos tuvieron el mismo tipo de violencia en todos los estados. Por ejemplo, mientras que el CJNG repartió despensas en Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz, su presencia en Michoacán fue básicamente registrada por enfrentamientos en contra de los Cárteles Unidos/ Cártel del Abuelo. En Veracruz se reportó su presencia debido a la atribución de homicidios en Abasolo del Valle, desapariciones forzadas de 10 jóvenes y varios actos ilícitos cometidos en Playa Vicente y Azueta, entre otros”.
La “comprensión” del presidente
El presidente López Obrador encuentra que uno de los elementos que ha favorecido la expansión y asentamiento de los grupos criminales es la base social que han logrado en las regiones donde llegan. Es el caso de Chiapas.
Solo en el recuento de 2020 que hace el Programa de Política de Drogas, en ese estado solo había un grupo criminal. Para septiembre de 2023, cuando se mostraron videos en los cuales se ve a la población formar vallas y aplaudir al Cártel de Sinaloa, el gobierno federal admitió que dos grupos criminales se disputan la zona fronteriza del sur.
En los últimos meses el presidente señaló que las organizaciones delictivas buscan de forma violenta la adhesión de más población chiapaneca y ha forzado cada vez más desplazamientos forzados de comunidades enteras que buscan una vida pacífica del otro lado de la presa La Angostura. Esto sucedió en localidades de Chicomuselo, Socoltenango y La Concordia.
“Entiendo que por temor tengan que asistir –declaró López Obrador el 19 de enero–, porque van a tomar un video para subirlo a las redes sociales (…) Entonces, ‘A ver, todos, a formarse a la orilla de la carretera’, y ni modo porque, si no salen a formarse, pueden ser víctimas de represalias. Eso lo entiendo muy bien, pero que no ayuden a delincuentes ni de un bando, ni de otro”.
También señaló que la Guardia Nacional debe revertir esa realidad, por lo que pidió a los pobladores mantenerse en sus comunidades y que permitan la actuación de los efectivos:
“Aprovecho para hacer el llamado a la gente: que no apoye a las bandas de delincuentes (…) Y nada de que unos son buenos y los otros son malos, no, eso es lo que hicieron en la época de García Luna (…) que no impidan la presencia de la Guardia Nacional, porque eso es lo otro, hay lugares en donde no quieren que esté la Guardia, me consta.
“Y si no quieren que esté la Guardia es porque están protegiendo a delincuentes, así de claro. Y que entiendo que pueden estar siendo presionados, y como se establece en la Biblia: no hay que ser temerarios, pero que estén conscientes que, cuando puedan, que no corran riesgo, no se metan, que no necesitan a estos grupos”.
En tanto, se siguen registrando hechos violentos. Pocos días antes de terminar 2023 fueron asesinadas 12 personas y otras 12 lesionadas en Salvatierra, Guanajuato, al irrumpir un grupo armado en la celebración de una posada.
Tan solo en Guerrero, la fiscalía del estado confirmó que los primeros días de 2024 tres mujeres fueron asesinadas en Chilapa, seis personas perdieron la vida y 13 quedaron heridas en un ataque armado en Petatlán, y se confirmó la muerte de cinco personas en Tlacotepec tras un enfrentamiento de grupos criminales.
De acuerdo con el comunicado de Causa en Común, durante enero y febrero del año pasado se registraron al menos 344 casos de tortura, 110 de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres, y al menos 80 masacres. Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Baja California y Morelos son las entidades que registraron más atrocidades.
En su informe del presente mes, la SSPC apunta que el índice de homicidios dolosos ha disminuido 24.7% en comparación con el máximo histórico, registrado en julio de 2018, con tres mil 74 casos contra los dos mil 315 de diciembre de 2023.
Aun cuando en esos delitos es difícil calcular la cifra negra, el presidente admitió: “Hay casos, pero eso tiene que ver más con los enfrentamientos entre las bandas, donde sí, cuando hay muertos se llevan a sus fallecidos, pero no es lo general”, dijo el pasado 4 de enero.
Peor en la misma gráfica que mostró el gobierno federal en enero de 2015 el número de homicidios dolosos era menor, con mil 354 casos. En efecto, López Obrador recibió la Presidencia con un pico de dos mil 728 casos en noviembre de 2018, pero su gobierno inició con números elevados, uno de los más altos en 2019 y 2021, con más de tres mil homicidios dolosos en algunos meses.
El gobierno federal afirma que en la recta final de este sexenio la tendencia del crimen es a la baja, con dos mil 315 casos en diciembre de 2023, aunque son 759 menos casos que cuando inició el sexenio actual.
