Por Javier Domínguez
21 de octubre del 2025. Tuxtla Gutiérrez.-
Una sentencia laboral ganada hace una década no ha bastado para que Tania Santiago Suárez y su hermano Emiliano obtengan justicia, luego de que su madre, Gregoria Suárez, fuera despedida injustificadamente hace 15 años del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Chiapas.
A pesar del fallo favorable emitido por los tribunales laborales, la familia continúa sin recibir la liquidación que por ley les corresponde, en un proceso marcado por la obstrucción institucional y el paso de tres administraciones estatales sin que se cumpla la resolución.
Gregoria Suárez laboró durante más de 15 años en el DIF estatal. Su hija Tania recuerda que el despido estuvo acompañado de violencia y amenazas:
“La tuvieron encerrada en una oficina sin su consentimiento, la amenazaron y la obligaron a firmar un documento que no estaba de acuerdo. Le dijeron que si no lo hacía, se le cerrarían todas las puertas laborales.”
Cinco años después de iniciar la demanda ante la entonces Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Gregoria falleció, dejando a su hija un último encargo: continuar la lucha.
Desde entonces, Tania ha encabezado la batalla legal, además de hacerse cargo de su hermano Emiliano, quien tenía seis años cuando murió su madre.
Aunque el fallo judicial ordena al DIF estatal pagar la liquidación con montos actualizados, las administraciones de Juan Sabines Guerrero, Manuel Velasco Coello y Rutilio Escandón Cadenas no han cumplido.
“Me daban largas”, relató Tania al recordar sus gestiones ante las distintas administraciones.
La joven exige que se liberen las cuentas del DIF para ejecutar el embargo y hacer efectivo el pago. También hace un llamado humanitario para que su hermano, hoy estudiante, reciba una pensión educativa.
“Si mi mamá no hubiera sido despedida injustificadamente, mi hermano tendría hoy una pensión para continuar sus estudios”, expresó.
