Ciudad de México.-Más de 80 colectivos de la sociedad civil expusieron ante el Senado su preocupación el llamado Plan B en materia electoral que busca desmantelar al INE, en especial la desarticulación del Servicio Profesional Electoral, por lo que los exhortaron a “congelar” la reforma presidencial.
El representante del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, Ricardo Becerra, dijo a nombre de 84 colectivos y organizaciones, que la reforma presidencial es una fuente de conflicto y derivará en un alud de impugnaciones de todo tipo y de incertidumbre para los siguientes meses. “El costo para la vida del país es demasiado grande”.
“Es una reforma repleta y confrontada con nuestra Constitución, lo más grave es que esta reforma en su conjunto vulnera la autenticidad del sufragio, porque desarma de capacidades a quienes construyen el padrón, a quienes capacitan a los ciudadanos, a quienes colocan la casilla y a quienes cuentan los votos”, dijo en la sede del Senado.
“Desmantelar la estructura del Instituto Nacional Electoral, que se despida al 85 por ciento de los trabajadores especializados en organización electoral, permitir que el gobierno en turno se entrometa la confección del padrón electoral, acabar con los eficientes y probados módulos de credencialización, que se reduzcan los instrumentos de fiscalización a dineros de partidos y de las campañas, que se resten atribuciones al arbitraje electoral y se permita la intromisión de gobiernos durante las campañas, resultan en un diseño electoral muy diferente al que está plasmado en la Constitución, en su conjunto producirán un deterioro inevitable”.
Los colectivos plantearon a los senadores “congelar” el dictamen que se prevé analizar en los próximos días.
El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, comentó que se escucharon las preocupaciones de estas organizaciones, pero “les dijimos que no hay nada qué hacer en el Senado. Nosotros ya está agotado el proceso formal y tendrá que ser la Corte la que decida sobre los temas”.
“Están por la preocupación del desmantelamiento del INE, así lo expresaron y ello les dije a ellos, por lo que expresaron ayer y lo que expresan ustedes, nos quedamos con una preocupación, así fue”, agregó el presidente de la Junta de Coordinación Política.
Comentó que les planteó a los presidentes de las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda que “pudieran ya convocar” para dictaminar y votar un solo artículo que modificó la Cámara de Diputados relativo a la eliminación de la “cláusula de vida eterna”.
Rechazó que Morena busque aplazar el debate y aprobación de esta reforma. “Nosotros, no somos hombres de mecanismos indebidos, ni somos de tácticas dilatorias. No, yo no comparto eso, no creo en eso, porque al principio ellos me plantearon que no fuera vía rápida, ‘fast track’ y así lo hicimos y ahora me dicen que sí sea vía rápida”.
A su vez, el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, expuso que se les explicó a estas organizaciones que “ya no está en el Senado de la República el poder cambiar toda esta iniciativa, porque ya fue aprobada. Que lo único que está a debate es un artículo y nada más”.
Dijo que ahora lo que sigue es la acción de inconstitucionalidad y será el debate en la Suprema Corte de Justicia.
Consideró que con la reforma presidencial “se merma la capacidad de diferentes áreas, la capacidad en los módulos de atención para las credenciales de elector, la capacidad de la detección de domicilios duplicados o, de credenciales que no estén actualizados, la capacidad de la capacitación a la ciudadanía, es la capacidad también de conteo cuando se está en esta parte del conteo rápido -nos explicaban ayer- que se va a haber muy afectado”.
El senador del Grupo Plural, Germán Martínez, planteó que “se acabe el ‘cash’, en las campañas políticas, para que no entre dinero de los gobiernos, para que no entre dinero de Campeche a las campañas, pero tampoco de los criminales”.
Subrayó que los colectivos están preocupados por el desmantelamiento del INE, fundamentalmente, del Servicio Profesional Electoral.
Luis David Ortiz, senador de Movimiento Ciudadano, reiteró que “todos los colectivos están muy preocupados, porque se está desmantelando el INE, es un golpe de Estado prácticamente”.
El consejero presidente Lorenzo Córdova definió a los vocales como los operadores de las elecciones.
«Es decir, el Consejo General, los integrantes del Consejo tomamos las grandes decisiones, aprobamos los acuerdos, resolvemos los temas de fiscalización, pero quien hace las elecciones en México son los miembros del Servicio Profesional Electoral. Esos que la iniciativa de reforma, conocida como Plan B, plantea reducir en cerca en un 84.6 por ciento», dijo al término de la reunión con la Jucopo.
“Hoy trajimos a quienes hacen las elecciones para que escucharan las preocupaciones que no son del presidente del INE, sino de la estructura del INE, de quienes hacen las elecciones”, remarcó Córdova.
Las reformas a la legislación secundaria electoral fueron impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien las llamó «Plan B» debido a que su plan original que consistía en una iniciativa constitucional no alcanzó los votos suficientes.
Ante coordinadores y representantes de los ocho grupos parlamentarios, así como integrantes de las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, los operadores del INE expusieron distintas afectaciones de la propuesta de reforma sobre la organización y capacitación electoral, en materia registral, así como a la garantía de derechos de la ciudadanía.
De acuerdo con un comunicado del INE, en materia registral, los vocales indicaron que la operación e instalación de los Módulos de Atención Ciudadana en bienes inmuebles de dominio público de los municipios, entidades federativas o de la federación, repercute en la seguridad de los datos personales, el horario de atención a la ciudadanía y la saturación, entre otros.
Adicionalmente, disminuir el porcentaje de personas insaculadas del 13% al 10% implica riesgos en la integración de secciones electorales con menos de 100 ciudadanos en Listado Nominal. Además de que privilegiar a ciudadanos de mayor edad para integrar las casillas vulnera los derechos de los más jóvenes, cuando más del 50 por ciento de las personas que integran las Mesas Directivas de Casilla son menores de 30 años.
Además, reducir el plazo que tiene la autoridad electoral para la capacitación, afecta el control de calidad a los procedimientos de reclutamiento y selección de las y los Supervisores Electorales (SE) y los Capacitadores Asistentes Electorales (CAE).
Estas observaciones hechas por la estructura del Instituto derivan del Informe que presentó el secretario ejecutivo al Consejo General del INE el pasado 25 de enero.
En la entrevista con medios, Córdova agradeció a los integrantes de la junta y al senador Ricardo Monreal la posibilidad, «no de escuchar a las y los consejeros del INE, sino escuchar a quiénes son los verdaderos autores del informe que aprobamos, que conocimos y aprobamos en el Consejo General el pasado 25 de enero».
Sin embargo, reconoció que la reforma electoral difícilmente podría tomar un rumbo distinto.
«Me refiero a las cuatro leyes que están pendientes de dictaminación por un artículo, y de publicación, que es prácticamente ineludible, y que, en caso de publicarse así, pues también como lo hemos dicho, acudiremos a la Suprema Corte de Justicia y a las instancias jurídicas necesarias, para tratar de salvaguardar el orden constitucional, por un lado, pero sobre todo, las condiciones para que haya elecciones democráticas», dijo Lorenzo Córdova.
«No puedo, ni quiero, ni debo»
Finalmente, Córdova reiteró que al concluir su encargo como consejero en abril próximo no buscará ninguna candidatura a algún cargo de elección en 2024.
–¿Quiere ser corcholata? –se le preguntó al consejero presidente.
–Ni quiero, primer punto; ni debo, segundo punto; porque si aspirara a un cargo de elección popular le darían la razón a los que han venido mintiendo desde hace años, diciendo que el trabajo del INE es para posicionarnos, o para aspirar a algún cargo público –respondió Córdova, y remarcó:
«Déjenme decirlo así, como suele decirse, no somos iguales».
Ratificó que la Constitución es muy clara: «No podemos ocupar una candidatura a cualquier cargo de elección popular en los dos años posteriores al término del mandato. Yo termino mi mandato en 2023, el 3 de abril; esto quiere decir que no puede ocurrir nada de eso hasta el 3 de abril de 2025. O sea, nada de embajadas, ni nada, porque no puedo, ni quiero, ni debo».
Y concluyó: «Así que les agradecería muchísimo que me ayuden con esta pedagogía que tienen que tener los medios a explicarles a quienes todavía no entienden que, simple y sencillamente, la respuesta es no, no somos iguales».
