En la Mira, por Héctor Estrada ·
Asesinado a balazos a sólo 30 metros de su domicilio en Arriaga, Chiapas, hace cuatro años Sinar Corzo Esquinca se convirtió en el primer defensor de derechos humanos asesinado durante el sexenio de la Cuarta Transformación y, según sus propios familiares, hasta la fecha su muerte sigue en la absoluta impunidad.
A Sinar lo mataron a quemarropa. El agresor a bordo de una motocicleta le dio alcance a eso de las 9:40 de la noche cuando el activista caminaba hacia su casa. Esa misma tarde Corzo Esquinca había acudido a reunirse con autoridades municipales de Arriaga para resolver problemáticas que él había estado defendiendo durante varios meses, pero no tuvo respuesta.
En agosto del 2017 Sinar también había solicitado que se auditaran las obras construidas en el poblado pesquero de La Línea, por lo que, acusó, había recibido amenazas de muerte. “Se presentaron a mi domicilio dos jóvenes armados para decirme que si volvía a poner un pie en la Pesquería La Línea me matarían”, denunció Corzo ese año en sus redes sociales.
Nuevas amenazas contra el activista llegaron en abril del 2018, pero en esa ocasión por parte del gobierno de Chiapas, entonces bajo el mandato de Manuel Velasco Coello, debido a las protestas que emprendió junto los damnificados de los sismos de 2017 para exigir los recursos de la reconstrucción y denunciar una presunta red de corrupción entorno al asunto.
Previo a su asesinato Corzo Esquinca fue encarcelado un par de ocasiones de manera arbitraria por autoridades municipales debido a sus reclamos sociales, por lo que el 22 de junio de 2015 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al entonces gobernador del estado, Manuel Velasco, y a los miembros del ayuntamiento de Arriaga por haber violentado las garantías del activista.
La recomendación instaba a Velasco a indemnizar económicamente a Sinar, junto a otro activista agredido, y a emitir una disculpa oficial del estado. Además, llamaba a las autoridades estatales a presentar la denuncia correspondiente ante la Contraloría de la Procuraduría General de Justicia de Chiapas contra los funcionarios que los incomunicaron a fin de iniciar las sanciones debidas.
Sin embargo, nada hubo de las medidas solicitadas por la CNDH. El gobierno de Manuel Velasco Coello decidió ignorar por completo durante casi tres años las recomendaciones para reparar las afrentas cometidas contra el defensor de Derechos Humanos y garantizar su seguridad. Lo dejó en total indefensión hasta que fue asesinado a unos pasos de su casa, justo a un mes de que “gobierno verde” dejara la gubernatura de Chiapas.
Tras las investigaciones, la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo como presuntos responsables del asesinato a Fernando “N”, Julio César “N” y Apolinar “N”, éste último suegro del alcalde de Arriaga, David Parada Vázquez, con quien Corzo Esquinca tenía públicos desacuerdos… El alcalde no tardó en renunciar, acusar una supuesta persecución política en su contra, ser desaforado y huir de la justicia, sin que hasta la fecha haya sido obligado a presentarse y rendir cuentas.
“Argucias legales, prácticas dilatorias y demás peripecias han impedido la detención de todas las personas involucradas y llevar a juicio a aquellas vinculadas a proceso (…) Una vez más, reconocemos su voluntad y les expresamos nuestra confianza. Pero, al correr del tiempo esta confianza resulta más y más dolorosa de sostener, dados los pocos avances y considerando que no han sido detenidas todas las personas involucradas en el cobarde asesinato”, sentenciaron la semana pasada los familiares de Corzo Esquinca, a cuatro años de su asesinato.
Y es que, el caso de Sinar parece haberse sumido en un profundo letargo, sin avances, que no puede mantenerse así hasta el ocaso del actual sexenio. Tan sólo durante el año pasado (2022), al igual que lo sucedido con el activista arráiguense, 19 defensores de derechos humanos más en México fueron acallados para siempre por las balas de la violencia.
Por eso urge agilizar los trabajos de procuración de justicia en nuestro país y dar con todos los responsables de cobardes asesinatos como el cometido contra Sinar Corzo; para sentar precedentes y demostrar finalmente con hechos que las trasformaciones institucionales son reales y la impunidad ya no es más parte de esa “normalidad nacional” que durante décadas ha lastimado tanto a México… así las cosas.
