México.– Desde 2018 a la fecha, 25 presidentes municipales —en funciones o recién concluidos— han sido detenidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, secuestro o incluso homicidio, de acuerdo con un recuento de Reforma.
Los estados con más casos son Estado de México y Puebla, con seis detenciones cada uno; seguidos por Chiapas, con cuatro, y Jalisco, con dos.
La mayoría de los implicados pertenecía a Morena (8), seguidos del PRI (4), MC (4), PRD (3) y uno por partido: PAN, PT, PVEM, Pacto Social, Chiapas Unido y Fuerza por México.
El caso más reciente es el del morenista Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, detenido este jueves por extorsión y presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Gran parte de las capturas se realizaron durante la operación federal “Enjambre”, que inició en noviembre de 2024 y que derivó en la detención de alcaldes como María Elena Martínez Robles (Amanalco) y María del Rosario Matías Esquivel (Santo Tomás), ambas del Edomex.
Al 5 de febrero sumaban 67 servidores públicos detenidos, incluidos presidentes municipales y directores de seguridad; 18 ya cuentan con sentencia condenatoria.
Organizaciones como Data Cívica y México Evalúa documentan que el crimen organizado busca influir en gobiernos municipales para asegurarse control territorial, acceso a recursos y protección institucional, lo que ha elevado la violencia político-criminal en el país.
De 2018 a 2023 se registraron 1,373 ataques, 31% contra alcaldes; 60% de ellos letales.
Entre otros casos relevantes destacan:
- Gerardo Cortés Caballero, alcalde con licencia de Cuautempan (Puebla), detenido por extorsión, robo de mercancía y distribución de droga.
- Carlos Alberto Ventura de la Paz, de Morena, detenido el 1 de enero por nexos con el crimen organizado y homicidio.
- Los hermanos Uruviel y Giovanni González Vieyra, exalcaldes de Puebla (MC), aprehendidos por extorsión, lavado de dinero y asociación delictuosa.
- Mauro Yuriel Jaúregui Muñoz, alcalde de Apulco, Zacatecas (MC), detenido en 2025 por presuntos vínculos con el CJNG.
La estrategia federal busca impedir que funcionarios ligados a redes criminales evadan la justicia y frenar la creciente complicidad entre autoridades locales y el crimen organizado.
