Ciudad de México, 6 de febrero de 2026.— El Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura (SPT) advirtió que en los centros de tratamiento de adicciones —conocidos como anexos— en México persisten “prácticas coercitivas” que representan un grave riesgo de malos tratos para los internos y que deben ser eliminadas de manera urgente.
La delegación del SPT visitó el país del 25 al 30 de enero para evaluar el estado de los mecanismos de prevención de la tortura. Aunque reconoció avances importantes en el marco legal y en la creación de instituciones especializadas, señaló que aún existen brechas profundas entre la normatividad y su aplicación real.
Persisten condiciones preocupantes en los anexos
Carmen Comas-Mata, jefa de la delegación, expresó que la preocupación principal se centra en los anexos privados que operan sin regulación adecuada.
“Nos preocupa principalmente la situación observada en los centros de tratamiento de adicciones, especialmente aquellos que operan de forma privada y al margen de un marco regulatorio adecuado”, declaró.
El Subcomité señaló que las condiciones y prácticas coercitivas detectadas constituyen un riesgo serio de malos tratos y requieren acción urgente y decisiva por parte del Estado mexicano.
Avances reconocidos, pero desafíos persistentes
La ONU destacó medidas adoptadas por México, como:
- La Ley General para la Prevención de la Tortura (2017)
- Reformas a la Ley General de Salud (2023)
- La creación de fiscalías especializadas
- El fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Prevención (MNP)
Sin embargo, subrayó que aún persisten problemas en la investigación efectiva de actos de tortura y en el combate a la impunidad, pese al marco jurídico existente.
Durante su visita, la delegación recorrió cárceles, comisarías, hospitales psiquiátricos y anexos, además de realizar entrevistas confidenciales con personas privadas de la libertad y trabajadores.
Comas-Mata resaltó la importancia de completar la integración del Comité Técnico del MNP y restablecer la cooperación con organizaciones de la sociedad civil para fortalecer la vigilancia y prevención.
El Subcomité presentará próximamente un informe confidencial al Gobierno de México con recomendaciones específicas para atender las irregularidades encontradas.
