Ciudad de México, 30 de enero.— Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) denunciaron una nueva ola de ceses masivos dentro del recién creado Órgano de Administración Judicial (OAJ), donde al menos 100 empleados de confianza han sido despedidos durante enero sin una causa aparente.
Los empleados consultados, quienes pidieron anonimato por temor a represalias, advirtieron que el recorte podría incrementarse en las próximas semanas. “Autoridades dicen que para el 15 de febrero se tiene que ir el 10% de la población del edificio del Ajusco #170, básicamente el área de Recursos Humanos”, señaló uno de ellos.
Animal Político buscó una postura del OAJ, pero no se ha recibido respuesta.
Oficios señalan a la directora de Recursos Humanos
Oficios de notificación de despido, firmados por la maestra Laura Sandra Hasbach Melchor, directora general de Recursos Humanos del OAJ, indican que la funcionaria ejerce facultades para terminar los nombramientos de personal administrativo del nivel 10 al 33 del Catálogo General de Puestos.
Uno de los comunicados, fechado el 29 de enero, indica:
“He determinado la terminación de los efectos del nombramiento que le fue otorgado en el puesto de confianza adscrito a la Dirección General de Recursos Humanos”.
Entre las personas afectadas se encuentran analistas, técnicos administrativos y jefes de departamento, quienes exigen claridad sobre los despidos.
Ocurren pese a llamado del presidente de la Corte
Los ceses contrastan con el mensaje emitido en septiembre por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ministro Hugo Aguilar Ortiz, quien pidió a los nuevos jueces y magistrados no despedir a trabajadores con experiencia en el PJF.
“Yo les pido que no desechen […] a los compañeros que ya tienen formación y experiencia”, señaló en aquella ocasión, durante la clausura del curso exprés impartido a las 850 nuevas personas juzgadoras federales electas por voto popular.
Pese al llamado, trabajadores reportaron después hostigamiento y acoso laboral por parte de nuevas juezas y magistradas, lo que derivó en múltiples quejas presentadas ante autoridades internas.
Denuncias previas y contexto de crisis laboral
En octubre de 2025, el Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del PJF, que agrupa a más de 22 mil empleados, convocó a una suspensión total de labores por carencia de insumos básicos, sustitución irregular de plazas y denuncias de “despido masivo de servidores públicos”.
Los empleados argumentaron que estas prácticas violan:
- el artículo 123, apartado B, de la Constitución, que garantiza estabilidad en el empleo,
- la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que protege contra despidos injustificados,
- y los compromisos de la reforma judicial, que estableció que los derechos laborales del personal serían respetados en su totalidad.
La situación mantiene en alerta a trabajadores administrativos y operativos, quienes piden transparencia, diálogo y respeto a sus derechos laborales ante la reconfiguración del Poder Judicial.
