Tonalá, Chis., 30 de enero.— El Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. denunció que la Fiscalía General de la República (FGR) recibió acciones penales contra familias de Arriaga y Pijijiapan por presunta invasión de bienes nacionales vinculados al derecho de vía del Tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).
De acuerdo con la organización, las denuncias fueron interpuestas por Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec (FIT) y la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transportes (SCIT), bajo el delito previsto en el artículo 150 de la Ley de Bienes Nacionales.
Las querellas se dirigen contra tres mujeres de Pijijiapan y cuatro mujeres y un hombre de Arriaga, todos integrantes de familias en situación de vulnerabilidad.
“Un uso extremo y desproporcionado del derecho penal”
El Centro Digna Ochoa calificó los señalamientos como un acto de criminalización de la población civil, particularmente de mujeres, y advirtió que el uso del sistema penal para resolver disputas territoriales resulta desproporcionado.
Alertó que este tipo de acciones puede vulnerar derechos fundamentales como el debido proceso, la presunción de inocencia, la vivienda adecuada y la seguridad jurídica, además de implicar posibles actos de discriminación por género o condición socioeconómica.
La organización sostuvo que estas medidas podrían configurar un “patrón de criminalización de la pobreza”, al utilizar procedimientos penales como mecanismo de presión, intimidación o desplazamiento de familias asentadas en zonas del derecho de vía ferroviaria.
Exigen detener persecución penal
El organismo recordó que el Estado mexicano está obligado a respetar y garantizar los derechos humanos, conforme al artículo 1 constitucional y diversos tratados internacionales.
Agregó que FIT, la SCIT y las autoridades federales deben privilegiar mecanismos administrativos, diálogo social, mediación y soluciones integrales, evitando el uso del derecho penal para imponer proyectos de infraestructura.
También advirtió que desalojos forzosos sin garantías procesales ni alternativas de reubicación constituyen graves violaciones a derechos humanos, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Centro Digna Ochoa enmarcó estas denuncias en un contexto mayor de megaproyectos federales, donde diversas comunidades han reportado falta de consulta previa, libre e informada, así como riesgos de despojo territorial, desplazamiento forzado y ruptura del tejido comunitario.
Llamado a organismos nacionales e internacionales
La organización exigió el cese inmediato de la persecución penal, la revisión y eventual desestimación de las denuncias por parte de la FGR, además de suspender cualquier intento de desalojo hasta que existan condiciones legales y humanitarias adecuadas.
También pidió garantizar el debido proceso, la presunción de inocencia y la integridad de las personas señaladas, así como la instalación de un mecanismo de diálogo interinstitucional con participación de las familias afectadas.
Finalmente, hizo un llamado a la CNDH, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, organismos internacionales, medios de comunicación y sociedad civil a dar seguimiento al caso y prevenir violaciones graves a derechos humanos.
