Familia acusa que un hombre de 78 años con Parkinson, diabetes y daños cardíacos permanece recluido sin condiciones médicas adecuadas
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.— Un caso que podría escalar a una investigación por presuntas violaciones a derechos humanos fue presentado ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), donde familiares de un adulto mayor de 78 años denunciaron al juez de control Víctor V., señalando que su decisión de mantenerlo en prisión estaría poniendo en riesgo su salud y su vida.
De acuerdo con la denuncia formal, Irene María Eugenia García Viramontes y José Alonso Echevarría García acusan que José Francisco Echevarría Blanco, interno en el Centro Penitenciario conocido como “El Canelo”, padece múltiples enfermedades graves, entre ellas Parkinson, diabetes, hipertensión, hernias discales y antecedentes de dos cateterismos cardíacos, condiciones que —afirman— requieren supervisión permanente, medicación constante durante todo el día, asistencia familiar y atención médica constante.
En el documento presentado ante Derechos Humanos, los denunciantes sostienen que el juez habría negado el beneficio de libertad bajo caución, pese a que —según señalan— se trata de un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa. Argumentan que la determinación judicial vulnera los derechos de una persona adulta mayor en condición médica delicada.
La familia sostiene que, al tratarse de un hombre de la tercera edad con padecimientos degenerativos y cardiovasculares, debieron aplicarse protocolos de protección reforzada, ajustes procesales y criterios humanitarios.
La queja hace referencia al Protocolo de Protección a los Adultos Mayores en el Ámbito Judicial y a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, normas que establecen trato digno, atención preferente, celeridad procesal y condiciones que garanticen el acceso efectivo a la justicia, especialmente cuando la salud o la vida están en riesgo protocolos que el caso fueron inobservados, lo que es una violación flagrante a dichos ordenamientos.
Los denunciantes afirman que el interno requiere acompañamiento familiar permanente para la administración de medicamentos y supervisión de su estado de salud, situación que, aseguran, no puede garantizarse en condiciones de reclusión.
Como parte de la denuncia, la familia solicitó que la Comisión de Derechos Humanos intervenga de manera inmediata y que el interno sea valorado por especialistas, al considerar que su integridad física podría estar comprometida.
Asimismo, responsabilizan a las autoridades señaladas por cualquier deterioro en su salud, al argumentar que mantenerlo recluido sin condiciones médicas, medicamentos regulados e instalaciones inadecuadas, podría constituir una forma de violencia institucional hacia una persona adulta mayor.
Hasta el momento, no se ha dado a conocer postura oficial del juez señalado ni de autoridades penitenciarias. Será la Comisión Estatal de los Derechos Humanos quien determine si se inicia una investigación formal por posibles violaciones a derechos fundamentales.
