Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.– La familia del señor José Francisco Echevarría Blanco, de 78 años de edad, denunció públicamente lo que calificó como una detención ilegal y con uso excesivo de la fuerza, derivada de una presunta orden de aprehensión por el delito de falsedad en declaraciones judiciales.
Echevarría Blanco, quien padece Párkinson, hipertensión, diabetes y otros padecimientos crónicos, es además conocido en Tuxtla Gutiérrez como propietario del centro nocturno de espectáculos para adultos “El Gitano”.
De acuerdo con el señalamiento de sus familiares, fue asegurado en el marco de un proceso relacionado con el juicio ordinario civil 432/2010, radicado en el Juzgado Primero de lo Civil de Tuxtla Gutiérrez, donde —según sostienen— existe una sentencia que posteriormente fue modificada por la Primera Sala Civil Colegiada, instancia que habría incrementado el monto del adeudo a su favor.
Los familiares indican que dicha resolución aún se encuentra en litigio, al estar sujeta a juicios de amparo en revisión ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Penal.
Señalan violaciones a derechos humanos
En su pronunciamiento, la familia afirmó que el adulto mayor nunca fue notificado previamente de una carpeta de investigación ni citado a declarar, por lo que consideran que la detención fue arbitraria y violatoria de sus derechos, particularmente por su condición de persona adulta mayor y su estado de salud.
Asimismo, señalaron que temen por la integridad física del señor Echevarría Blanco y sostienen que la acción legal tendría como trasfondo presiones relacionadas con un litigio contra la empresa Grupo Diestra, a la que acusan de la invasión de un terreno.
En el comunicado, los familiares responsabilizan a autoridades estatales y judiciales de cualquier afectación a la salud o seguridad del adulto mayor y de su núcleo familiar.
Sin postura oficial
Hasta el momento, ninguna autoridad estatal ni judicial ha emitido una postura pública sobre el caso ni se han dado a conocer detalles oficiales sobre la orden de aprehensión o el estado jurídico del proceso.
Organismos defensores de derechos humanos han señalado en distintos contextos que, en casos que involucran a personas adultas mayores con enfermedades crónicas, las autoridades deben aplicar protocolos especiales para garantizar su integridad, debido proceso y atención médica.
